BREVE HISTORIA B'OQ'OL Q'ESAL TENAM "ALCALDÍAS INDÍGENAS"

BREVE HISTORIA B'OQ'OL Q'ESAL TENAM
ALCALDÍAS INDÍGENAS.

Antes de que hubieran alcaldias indigenas lo que existia son los B'oq'ol Q'esal Tenam. B'oq'ol en idioma Ixil es el que esta a la cabeza, a la cabeza de la comunidad. Q'esal Tenam es la anciana o el anciano de la comunidad o del pueblo. B'oq'ol Q'esal Tenam es el colectivo de ancianas y ancianos que están a la cabeza de la comunidad o del pueblo.

En la región Ixil los Q'esal Tenam durante la época colonial hasta la fecha tomaron el nombre de consejos de principales.

La historia del pueblo maya Ixil formada por los municipios de Chajul, Cotzal y Nebaj esta amarrada a la historia de miles de años del pueblo maya. Somos herederos de la sabiduría, cultura y organización social y política del pueblo maya que tiene miles de años.

De nuestras abuelas y abuelos mayas hemos heredado una cultura de respeto a la madre naturaleza, de conocimiento de movimientos del sol, la luna y las estrellas que les permitió elaborar el calendario maya que es la guía para orientar la vida de la comunidad y sus miembros, de organizar el trabajo en la forma tradicional de Xula' y de educar a los niños, niñas y jóvenes.

Cuando llegaron los invasores en 1,524 empezaron a oír que nuestras abuelas y abuelos hablaban mucho de K'al. los invasores, ni sus descendientes, entendieron el significado de K'al, y comenzaron a decir que las comunidades indígenas estaban organizadas en Calpules.

La palabra K'al quiere decir: Amarrar, atar, juntar y en la numeración maya significa series de 20 unidades. Por ejemplo, se dice en idioma maya Ixil:

• Umaal K'al a 20 unidades o sea 1 K'al,
• Ka'vaal K'al a 40 Unidades o sea 2 K'al,  K'ak'alal,
• Oxvaal K'al a 60 Unidades o sea 3 Kal, Oxk'alal,
• Kaa K'alal a 80 Unidades o sea 4 K'al, Kaak'alal,
• O'k'al o Too k'al a 100 Unidades o sea 5 Kal, O' k'ala.
• Asi se puede hacer la cuenta que nunca termina.

La organización de las comunidades y sus autoridades mayas era en base de los K'al en base a 20 unidades, siguiendo la cuenta de nuestro calendario maya. Es una de las herencias mas grandes que nos dejaron nuestras primeras madres y nuestros primeros padres mayas.

Con esta forma de organización social y política se levanto la gran civilización maya, los grandes conocimientos en astronomía, el calendario maya, la matemática maya, la arquitectura, la agricultura del maíz, la medicina maya y muchos avances mas.

Con la invasión española de 1,524 la cultura maya, las tradiciones ancestrales y la organización  social y de autoridad comunitaria maya empezó a ser destruida por los invasores y sus descendientes.

Los invasores impusieron distintas formas de organización para explotar la tierra, las minas de oro y plata, imponer el trabajo forzado, los tributos y todas las riquezas que hubieran en nuestros territorios.

En 1,549 los reyes españoles establecieron la creación de las alcaldías indígenas en nuestro continente para que las comunidades indígenas vivieran separadas y aisladas, de esa manera no se mezclaran con las familias de los invasores españoles.

Seguramente así impusieron el nombre de principales a las liderezas y lideres mas importantes de nuestras comunidades.

Los invasores escogían a los lideres mayas para encabezar las alcaldías indígenas. Nuestras comunidades y sus autoridades fueron organizadas en alcaldías indígenas pero siguieron practicando sus valores, principios y consejos de la cosmovisión maya como lo hacían los gobernantes mayas antes de la invasión española.

300 años después, en 1.811 España saco otras nuevas leyes conocidas como las Cotez de Cediz, que obligaban que los descendientes de los invasores, la población ladina que empezaba a crecer, fueran incorporadas en las alcaldías indígenas. Entonces las alcaldías Indígenas ya eran mixtas, de indígenas y ladinos.

En 1,821, cuando los hijos y descendientes de los invasores dejaron de enviar a España las riquezas que recogían del trabajo de nuestras comunidades mayas para enriquecerse ellos, confirmaron las alcaldías indígenas.

En 1,839 los descendientes mas conservadores de los invasores trataron de mantener las alcaldías indígenas solo para los indígenas.

Sin embargo, en 1,871 cuando llegó Justo Rufino Barrios a la presidencia confirmó que las alcaldias indígenas debían ser mixtas de ladinos e indígenas, siendo los primeros cargos de primer alcalde, secretario, sindico para los ladinos y los cargos de segundo alcalde, regidores, para los indígenas. Había entonces dos Alcaldes.

Los ladinos como alcaldes primeros, síndicos y secretarios obligaron a las comunidades indígenas a ir a trabajar a las grandes fincas de café por medio de los mandamientos, las tarjetas de viabilidad y otros.

Fueron muchas las luchas contra la opresión y explotación colonial. En la región Ixil, concreta mente en Nebaj, frente al abuso de poder de la autoridades coloniales los Q'esal Tenam (consejos de principales) se levantaron el 21 de junio de 1,936. El 22 de junio de ese año, fueron fusilados SIETE PRINCIPALES frente toda la gente para escarmentar los levantamientos indígenas en contra del trabajo forzado y los tributos.

En 1,944, con la revolución democrática, se elimino la presencia de los dos alcaldes o sea Alcalde Ladino (primero) y Alcalde Indígena (segundo) y se estableció que el alcalde podía ser indígena o ladino y se elegiría por medio de los partidos políticos y los comités cívicos. Durante los años siguientes, fueron despareciendo las alcaldías Indígenas en muchos lugares, mientras en otros se han conservado.

En todo este tiempo, durante mas de 400 años, han existido las alcaldías indígenas, pero lo mas importante es que, hayan cambiado 2 o 3 veces de nombre, dentro de ellas lo que se ha logrado mantener, cuidar y transmitir de generación en generación ha sido la sabiduría del pueblo maya y la practica de la cosmovisión maya, los valores, principios y consejos mayas.

Hoy día, hay distintas formas de alcaldías indígenas en Guatemala,  la Alcaldía Indigena de los 48 cantones de Totonicapan, la municipalidad indigena de Tz'olojy'a, la Alcaldía Indígena de Chichicastenango, la Alcaldía Indígena de Joyabaj, Alcalde Rezador de Santa Eulalia y San Juan Ixcoy, los Mamin en San Miguel Acatan y otras formas según la historia de resistencia que han tenido.

Con la Firma de los Acuerdos de Paz, principalmente del acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas y la Ley Marco de los acuerdos de Paz, las Reformas al Código Municipal, las Leyes de desentralizacion y el convenio 169 de la OIT y la declaración de las naciones unidas sobre los derechos humanos, una nueva situación se esta construyendo para nuestras comunidades indígenas y para las autoridades ancestrales.

En este contexto, las comunidades indígenas y autoridades ancestrales de la región Ixil, los Q'esal Tenam (consejos de ancianos y ancianas) deciden crear las Alcaldías Indígenas a finales del año 2,007.

"SE RECONOCE EL DERECHO DE LAS PERSONAS Y DE LAS COMUNIDADES A SU IDENTIDAD CULTURAL DE ACUERDO A SUS VALORES, SU LENGUA Y SUS COSTUMBRES." Articulo 58.- Identidad Cultural.

Constitución Política de la República de Guatemala. 

PRESENTACION

Las alcaldías indígenas de la Región Maya Ixil, fueron nuevamente creadas públicamente los días 6 de enero del año 2,008 Alcaldía Indígena de Tx'aul (Chajul), el 15 de enero del 2,008 la alcaldía indígena de K'usal (Cotzal) y el 22 de febrero del 2,008 la Alcaldía Indígena de Naab'a (Nebaj). Estos con sus nombres y corresponden a los municipios de Chajul, Cotzal y Nebaj respectivamente.

Los B'OQ'OL Q'ESAL TENAM (Alcaldías Indígenas) de Chajul, Cotzal y Nebaj fueron electas en asambleas de los consejos de principales de cada uno de los municipios de la región Ixil a finales del año 2,007, después de varios años de reuniones y talleres de reflexión y estudio de la realidad que vivimos y el futuro que buscamos.

Los consejo de principales, cuyo nombre en el Idioma Maya Ixil es: Q'esal Tenam, son colectivos de ancianos y ancianas, lideres y lideresas, que han estado durante cientos de años y están a la cabeza de las comunidades mayas ixiles orientando la vida comunitaria en los aspectos espiritual, cultural, social, económico y político.

Los Q'esal Tenam desde antes de la invasión española de 1,524 han sido los cuidadores y guiadores de la vida de nuestras comunidades y pueblos mayas, han sido un pilar importante de resistencia maya durante estos ultimos 500 años.

Reconociendo el papel importante de las comunidades indígenas y sus autoridades ancestrales, conocidas como Q'esal Tenam en la región Ixil, durante los últimos diez años se ha logrado retomar en alguna medida el papel de los consejos de principales.

Reconociendo su experiencia, conocimiento y sabiduria que heredaron de nuestras abuelas y abuelos mayas los Q'esal Tenam cuentan con las ideas, criterios, orientaciones para construir junto con las comunidades, lideresas y lideres una vida mejor para las futuras generaciones.

En la actividad de los Q'esal Tenam (Consejos de Principales) encontramos la resolucion de problemas de distinto tipo, la preocupacion por los bienes de la madre naturaleza, la situacion de nuestros cultivos y la produccion de nuestros alimentos, el futuro de los jovenes y todos los aspectos de la vida nuestras comunidades y pueblos. Por eso, son un pilar principal en la construccion de una mejor vida para las futuras generaciones.

También en la actividad de los Q'esal Tenam encontramos los valores, pensamientos y esperanzas que están escritas en el calendario maya que hay guardado y trasladado de generación en generación los guías espirituales. Por eso la organización interna de los B'oq'ol Q'esal Tenam está hecha en base a los cuatro cargadores del año maya.

Para mejorar el trabajo de nuestras autoridades ancestrales, los consejos de principales en la región Ixil, se ha elaborado en en base a su practica esta propuesta de criterios y normas de funcionamiento, tomando en cuenta nuestro conocimiento y derecho maya, las leyes nacionales como la constitución de la república de Guatemala, ley marco de los acuerdos de paz, el código municipal y las leyes internacionales como el convenio 169 de la OIT  y la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.

Esta propuesta ha sido discutida en los distintos Q'esal Tenam (consejos de principales) de cada comunidad y sector.

La hidroeléctrica de ENEL, sus aliados poco ortodoxos y el diálogo (II) 

PLAZA PUBLICA http://plazapublica.com.gt

REPORTAJE

Hubiera podido ser un ejemplo de diálogo entre una empresa transnacional y comunidades indígenas. Hubiera podido ser el inicio de una relación transparente, respetuosa, con beneficios mutuos. El 2 de mayo del 2011, en la comunidad de San Felipe Chenlá, situada a unos quince minutos de San Juan Cotzal, ejecutivos de la empresa italiana ENEL se reunieron con voceros de las alcaldías indígenas de la región ixil para discutir de los beneficios que recibirían las comunidades por la construcción de la planta hidroeléctrica Palo Viejo.

Sebastián Escalón

2 Julio, 2012 - 09:19

^-A⁺A

“La empresa informó a las comunidades cuánto dinero trasladó a la municipalidad, compartió con la gente sus estados de cuenta y las transferencias hechas a la municipalidad, pero la municipalidad no respondió de la misma manera.”

La finca San Francisco, de la familia Brol, es bastante representativa de Guatemala. De los primeros cafetaleros de origen europeo, un ministro de la Revolución de Octubre, un asesinado por el EGP, cobijo de un destacamento acusado de masacres, niños trabajando en el siglo XXI, explotación laboral y dueños de casi todo Cotzal.

Como testigos de honor que acompañarían el proceso, las comunidades eligieron a Álvaro Ramazzini, ahora obispo de Huehuetenango, y a Vitalino Similox, secretario del Concejo Ecuménico. Por su parte, la empresa eligió a Gustavo Porras, consultor, sociólogo, ex secretario de la Presidencia, ex guerrillero y signatario de los Acuerdos de Paz.

Con tan prestigiosos testigos, con la aparente voluntad de las partes por llegar a un acuerdo, todo parecía encauzado hacia un éxito sin precedentes en la historia reciente de Guatemala: que las comunidades, por medio de sus voceros, dieran el visto bueno a una hidroeléctrica, quien, a su vez, se comprometería a contribuir significativamente al desarrollo de la zona. No fue así. Dos visiones siguen irreconciliables mientras la conflictividad social en las áreas rurales sigue en aumento.

En la primera parte de este reportaje, Plaza Pública presentó los orígenes de éste y otros conflictos entre comunidades y empresas hidroeléctricas.

ENEL llega a San Juan Cotzal

Todo empezó cuando el precio del café se desplomó en todo el mundo a principios de este siglo. Grandes cafetaleros de la región ixil, los Brol de la finca San Francisco y los Arenas de la finca La Perla, empezaron a buscar nuevas fuentes de ingreso, y le pusieron el ojo a los ríos que cruzan sus dominios, de 315 caballerías, que representan 141 kilómetros cuadrados de los 182 kilómetros cuadrados que tiene Cotzal.

Fue así como nacieron los dos grandes proyectos hidroeléctricos de la zona: HidroXacbal, construido por una empresa hondureña en la finca de los Arenas, y Palo Viejo, asentada en la finca de Pedro Brol. Este último fue quien obtuvo la licencia por parte del Ministerio de  Energía y Minas. Pronto vio Brol que tendría que asociarse con un profesional del sector. ENEL entró en escena. Según información de las alcaldías indígenas, que no confirmó ni negó ENEL, Pedro Brol arrendó por US$3.36 millones un lote de la finca San Francisco, y ENEL le otorgó a Brol una participación de 8.5% en el proyecto.

En el 2008, ENEL intentó resguardarse de los problemas sociales que surgen cuando llega una hidroeléctrica a una zona indígena. Para esto, firmó con la municipalidad de Cotzal un convenio de cooperación voluntaria en el que se comprometía a llevar a cabo por 20 años proyectos de utilidad social. Ese acuerdo definía una lista de obras y proyectos a realizar por la municipalidad, con financiamiento de ENEL. El acuerdo fue firmado por el alcalde José Pérez Chen, los alcaldes auxiliares y varios Consejos Comunitarios de Desarrollo del municipio. Sin embargo, las alcaldías indígenas del municipio rechazan ese documento, ya que, según ellas, las firmas de los alcaldes auxiliares y de los COCODES se obtuvieron gracias a un engaño del alcalde. Agregan que las comunidades nunca fueron consultadas ni informadas de los que se estaba construyendo en la finca San Francisco.

ENEL afirma haber invertido US$5,4 millones en actividades de responsabilidad social: US$500 mil en láminas de zinc, US$450 mil en proyectos educativos y 300 mil en proyectos arqueológicos. No detalla cómo se invirtieron los US$4,15 millones restantes, pero dice haber realizado también mejoras a la infraestructura vial. Las autoridades indígenas, por su parte, afirman que la mayor parte del gasto consistió en una carretera alterna que rodea San Juan Cotzal, ya que los camiones de la empresa no pueden pasar por las estrechas calles de esa población. De todos los proyectos prometidos por la empresa y el exalcalde José Pérez Chen, sólo tres escuelas llegaron a materializarse, agregan las autoridades indígenas.

Según las autoridades indígenas, a principios del 2010 funcionarios de ENEL les informaron del convenio con la municipalidad, y les dijeron que habían realizado tres pagos, uno por año, de Q800,000 a la municipalidad de Cotzal. Fuentes de la municipalidad aseguran que solo se registraron dos pagos. No está claro cuánto pagó ENEL por la licencia de construcción y cuánto ingresó la municipalidad. El ex alcalde Pérez Chen dejó a la municipalidad una deuda millonaria que aún se está auditando, que definirá en una primera instancia –antes de los tribunales– a cuánto ascenderán las acusaciones de corrupción.

Se intentó obtener la versión de ENEL sobre esto, pero fue imposible. Plaza Pública intentó primero entrevistar a Oswaldo Smith, gerente de ENEL Guatemala, pero este no obtuvo el permiso por parte de la casa matriz. Se llegó a un acuerdo: Plaza Pública enviaría dos grupos de preguntas, uno para cada artículo, que serían contestados en Italia por funcionarios de ENEL. El primer grupo fue contestado en su totalidad. En cambio, no se obtuvo ninguna respuesta al segundo grupo, que trataba, entre otras cosas, del financiamiento que ENEL brindó a la municipalidad de Cotzal.

Personas en el entorno de Enel admiten que “la municipalidad no fue clara en el uso de los recursos.” Agregan que “la empresa informó a las comunidades cuánto dinero trasladó a la municipalidad, compartió con la gente sus estados de cuenta y las transferencias hechas a la municipalidad, pero la municipalidad no respondió de la misma manera.”

El caso es que, gracias a los financiamientos de ENEL la municipalidad, el alcalde Pérez Chen se convirtió en su mejor aliado. En el entorno de ENEL afirman que no pueden hacer pagos sino a una institución democrática, pública, como la municipalidad. El jefe edil cedió terrenos de la municipalidad para construir la carretera alterna, y, según las alcaldías indígenas, defendió con violencia los intereses de la empresa. Baltazar de la Cruz y Pedro Sambrano, dos de los líderes del movimiento de oposición a la hidroeléctrica, afirman haber sido amenazados de muerte por el alcalde Pérez Chen en agosto del 2008. Un año más tarde, el mismo Baltazar de la Cruz fue detenido por un grupo de hombres armados e interrogado por el entonces vicealcalde de Cotzal y por el jefe de un grupo llamado “Seguridad Ciudadana”. Este grupo, comandado por Pérez Chen, cometió muchos atropellos y actos de barbarie que culminaron, en el 2010, en el linchamiento de un policía.

Otro ejemplo de esta relación gana-gana entre la empresa y Pérez Chen pudo verse el 15 de marzo de 2009,  cuando dos jóvenes de la aldea de Santa Avelina fueron atropellados fatalmente por un camión de la constructora, que se dirigía a la finca San Francisco. Según la alcaldía indígena de Santa Avelina, Pérez Chen negoció con los familiares de los fallecidos para que no presentaran cargos a cambio de una fuerte suma de dinero. Y ciertamente, no hubo denuncia.

A principios del 2010, José Pérez Chen cayó, por su responsabilidad en el linchamiento del policía. El grupo “Seguridad Ciudadana”, fundado  por el alcalde, se encargaba de administrar lo que ellos llamaban “justicia maya”. Significaba esto golpear públicamente, en la plaza central, a los jóvenes capturados por tener “aspecto de mareros”. Según testigos, el 1 de noviembre del 2009, el hijo de un policía cuyo aspecto era más bien de emo o de rockero, fue aprehendido por dicha agrupación, y después de un corte de pelo público y unos azotes, fue conducido a la cárcel de Cotzal. El padre del muchacho, el policía Pedro Rodríguez Toma, llegó a protestar, y en respuesta, fue torturado, rociado con gasolina y quemado en la plaza de Cotzal, según la acusación del Ministerio Público, por orden del alcalde. Pérez Chen tuvo que huir, y, durante dos años, la municipalidad quedó huérfana. Fue capturado en julio del 2011.

Cuando un proyecto industrial decide instalarse en un municipio, debe entablar conversaciones con el alcalde y su concejo municipal, sea cual sea su reputación. No se puede marginar a las autoridades locales electas democráticamente. Sin embargo, el convenio establecido entre ENEL y la municipalidad para el financiamiento de proyectos era un acto voluntario por parte de la empresa. El otorgar generosos financiamientos a una municipalidad sobre la cual pesan graves sospechas de corrupción y violación a los derechos humanos, es una práctica contraria a los principios del Pacto Mundial (Global Compact), una iniciativa promovida por Naciones Unidas, en la cual las empresas se comprometen a alinear sus estrategias y operaciones con diez principios universalmente aceptados en cuatro áreas temáticas, entre las cuales están derechos humanos y anti-corrupción. ENEL firmó ese pacto en el 2004. Sobre la contradicción entre dar pagos a una institución pública, pero con acusaciones de corrupción no se pudo obtener la versión de ENEL.

Pedro Brol, la finca San Francisco, explotación y niños trabajando

El otro importante aliado local de ENEL ha sido y sigue siendo Pedro Brol, dueño de la finca San Francisco en donde está asentada la hidroeléctrica. Es conocido como el Nuevo Tigre del Ixcán. O más bien es socio accionista. Esta alianza explica parte de la animadversión que se ha granjeado la transnacional entre las comunidades.

La historia de los Brol se entremezcla con más de cien años de historia de los municipios ixiles, y es bastante representativa del siglo XX de Guatemala.

Empieza con la llegada a la zona del primer Pedro Brol –de origen italiano–, en plena revolución cafetalera-liberal a principios del siglo XX. En ese tiempo, mediante distintos subterfugios legales, colonos blancos o mestizos lograron despojar a los cotzaleños –como al resto del Altiplano– de las tierras más fértiles. Más de la mitad de la superficie del municipio cayó en manos de terratenientes como los Brol. La finca San Francisco cuenta hoy con 315 caballerías, equivalentes a 141 kilómetros cuadrados (0,13% del territorio nacional), dedicadas esencialmente al cultivo del café. Está asentada entre los municipios de Uspantán y San Juan Cotzal. 

La finca San Francisco jugó un papel importante en el siglo XX de Guatemala. En la Reforma Liberal fueron cafetaleros europeos que recibieron tierra e indígenas a cambio de invertir capital. En la Revolución de Octubre de 1944, Nicolás Brol, tío de los dueños actuales, fue el Ministro de Agricultura del presidente Jacobo Árbenz y aprobó la expropiación de fincas de sus propios familiares. Y el apellido Brol aparece en varios libros sobre el conflicto armado interno, como “Me llamo Rigoberta Menchú, y así me nació la conciencia”, y “Mujeres en la alborada” de Yolanda Colom, asociado con graves violaciones a los derechos humanos, explotación y despojo de tierras, así como “Entre dos fuegos”, de David Stoll.

Enrique Brol, padre del Pedro Brol actual, fue asesinado el 21 de enero de 1979 por el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), que tuvo sus orígenes en el Norte de Quiché. Durante la guerra, en la finca San Francisco, se asentó un destacamento militar responsable de decenas de masacres, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas, reportadas por la Comisión de Esclarecimiento Histórico. Líderes de las comunidades de Cotzal participaron en la fundación del Comité de Unidad Campesina (CUC) y participaron en la denuncia de las masacres que terminó en la toma de la Embajada de España el 31 de enero de 1980, posteriormente quemada por las fuerzas de seguridad.

Treinta años después, en las comunidades de San Juan Cotzal en conflicto con ENEL, no se reportan casos de violencia ejercidos por la seguridad o milicia de la finca San Francisco. En cambio, sí se han reportado casos en la comunidad El Regadío, situada en Uspantán, en donde la población mantiene un conflicto con Pedro Brol por la tenencia de unas tierras y del nacimiento de uno de los ríos que alimentan la hidroeléctrica. Según miembros del CUC, además de múltiples amenazas e intimidaciones, el 13 de febrero del 2011, el cuerpo paramilitar de la familia Brol desmanteló las champas y destruyó más de 80 manzanas de milpa y frijol. No hay una denuncia en el MP, pero el caso está en la mesa de diálogo entre organizaciones campesinas y el Gobierno. 

Para este reportaje, se intentó visitar la hidroeléctrica Palo Viejo. Desde la empresa de comunicación que trabaja para ENEL, Burson Masteller, se había negado el acceso por “razones de seguridad industrial”. Pero decidimos intentarlo. Llegamos así hasta la garita de control situada en la entrada del casco urbano de la finca San Francisco. Nos identificamos, explicamos la razón de nuestra visita. Después de 20 minutos de espera, nos negaron la entrada a la hidroeléctrica.

Pedimos entonces entrevistar a Pedro Brol. Esperamos otros 20 minutos, durante los cuales los guardias no cesaron de comunicarse mediante radios. De repente, un helicóptero apareció, dio un gran giro alrededor de nosotros, pasó en vuelo rasante encima del vehículo, y finalmente, fue a posarse fuera del alcance de nuestra vista. Dos minutos después, nos autorizaban el acceso.

Durante nuestra breve estadía en la finca San Francisco, vimos un trozo de Guatemala que se ha detenido en el tiempo, en la época de Jorge Ubico o Justo Rufino Barrios. Una reproducción, o una maqueta con todos los atributos de la Guatemala liberal entre 1871 y 1943. A un lado de la garita, los galpones en donde, durante la cosecha del café, se apretujan a ras del suelo los trabajadores temporales, la mayoría indígenas de Alta Verapaz. Esos barracones, gallineros insalubres abiertos a la intemperie y a las plagas, no tienen el menor servicio básico.

El casco urbano está compuesto esencialmente por casas extremadamente humildes, muchas sin luz eléctrica, con suelo de tierra y láminas carcomidas. Son las de los mozos colonos de la finca. Hay niños descalzos por doquier. 120 familias ixiles viven en la miseria en este poblado, a las que se agregan las que conforman las nueve comunidades dentro de la finca.

Aparece una cuadrilla de niños sudorosos, de entre diez y catorce años, cada uno con su machete. Es medio día y han terminado su media jornada de trabajo. Por la tarde, a pesar del cansancio, irán a estudiar a una escuela muy pobre, que solo cuenta con 3 maestros para 6 grados. Alguien que visitó la finca y habló con sus pobladores cuenta que el salario de los trabajadores es de Q35, cuando el salario mínimo rural es de Q67. Los niños, por media jornada, cobran la mitad, Q17.50.

Hay una iglesia evangélica y una iglesia católica. Esta  última es sencilla, pero cuenta con imágenes de santos de excelente factura, talladas en madera. De ser originales, podrían formar parte de una finísima colección de arte colonial. Sorprende verlas allí. Alguien busca comprar una finca en el cielo.

Hay un par de tiendas, en donde los productos básicos son más caros que en las tiendas de Nebaj. Otra muestra de este sistema semifeudal: si un joven decide ir a trabajar fuera de la finca, no tiene derecho a volver. El conjunto recuerda a esas novelas rusas de la época del Zar, en donde la riqueza de un terrateniente se mide con el número de almas, de siervos, que posee.

Seguimos avanzando hacia el lugar que nos han indicado, y llegamos al lugar de residencia de la reducida clase media de la finca: una calle asfaltada, la única, bordeada por pequeñas casas, todas iguales, de color amarillo y techo rojo. Allí vive, sin mayores lujos, el sector privilegiado de la finca.

Enfrente, una reja inmensa resguardada por varios hombres armados hasta los dientes. Detrás de esa reja, la mansión de los Brol. Es inmensa, ostentosa, con  buen gusto antigüeño, con sus rejas de forja en las ventanas y tejas en el techo. Es un poderoso símbolo de poder. Una hermosa fuente le da carácter a la amplia explanada frente a la mansión.

Para sostener la sociedad ubiquista o decimonónica de la finca San Francisco, hay una imponente milicia. Presenta una particular jerarquía militar. Los guardias con uniforme, señores de baja estatura, aspecto humilde, sonrientes, portan escopetas recortadas. Vestidos de civil y armados con carabinas 22 que lucen nuevas, un gran número jóvenes atléticos vigila cada esquina del caserío. También de civil, hombres fuertes de aspecto patibulario patrullan cerca de la mansión de los Brol luciendo fusiles de asalto. Llevan varios cargadores a la espalda, nunca se sabe. Distinguimos un AK-47 y un M16 con mira telescópica, armas que los civiles no tienen derecho a portar en Guatemala.

Pistola y dos cargadores al cincho, nos recibe Enrique Brol, hijo de Pedro Brol. Incómodo, molesto por la inoportuna presencia de periodistas, prefiere no contestar a la preguntas. Nos pide que esperemos a “su señor padre”. Esperamos una hora más, y finalmente, Pedro Brol, por medio del administrador de la finca, rechaza la entrevista. Abandonamos la finca San Francisco. Posteriormente, se intentó entrevistar a Pedro Brol por medio de su abogado, Jorge Sactic. “Don Pedro Brol no otorga entrevistas porque ha sido calumniado muchas veces”, fue la respuesta.

Los funcionarios de ENEL que hayan visitado la finca San Francisco, no pueden ignorar las prácticas laborales que allí se practican, el trabajo infantil, la miseria de los mozos colonos, la presencia ubicua de una poderosa fuerza paramilitar. El Pacto Global al que se asoció la transnacional italiana indica que los colaboradores y socios de las empresas comprometidas, también deben respetar los principios de respeto a los derechos humanos. Pero más allá de los pactos voluntarios, la presencia de ENEL en esta finca, deja vacíos de contenido sus discursos sobre la conciencia social, los códigos de buena conducta, la inversión responsable. 

Aparecen las alcaldías indígenas

Con la caída de Pérez Chen, la municipalidad de Cotzal dejó de existir a efectos prácticos.  Esto permitió, según el entorno de ENEL, el empoderamiento del grupo llamado Alcaldías Indígenas. Desde ese momento, las también llamadas Autoridades Ancestrales liderarían la lucha contra ENEL, en estrecha coordinación con una ONG llamada FundaMaya, dirigida por el ex-comandante guerrillero y ex-diputado por la URNG, Pablo Ceto.

Las autoridades ancestrales Ixiles, fueron desbaratadas durante el largo periodo de violencia que sufrió Guatemala. En el 2008, con el impulso de FundaMaya y la ayuda de la cooperación italiana, fueron reactivadas en Nebaj, Chajul y Cotzal bajo la forma de alcaldías indígenas.

El 3 de enero del 2011, el conflicto llegó a su punto álgido cuando las comunidades cerraron el paso por la carretera a todos los vehículos con destino a la finca San Francisco. Tres meses después, ENEL buscó apoyo en el Sistema Judicial. Hizo denuncias en contra de los líderes de la protesta. Se giró además una orden de desalojo, y el 18 de marzo de 2011, 500 policías y soldados entraron a San Felipe Chenla, causando pánico en la comunidad. Sin embargo, no pusieron fin al bloqueo de la carretera, por un malentendido de tipo legal o por la fuerte movilización de la población, según las versiones venidas desde ambos lados. 

¿Negociación bajo amenaza?

El 2 de mayo, ENEL tramitó una nueva orden de desalojo, y a la vez, se acercó a las comunidades para entablar negociaciones. Según las alcaldías indígenas, 700 efectivos de la policía se concentraron en Nebaj, con orden de intervenir si no se encontraba una salida al conflicto. En palabras de Miguel de León Ceto, vocero de las comunidades y miembro de FundaMaya: “Para nosotros era una situación muy tensa. Aceptábamos sentarnos con ellos, o nos mandaban a los policías. La gente estaba dispuesta a enfrentárseles, pero eso significaba muertos y heridos, y cárcel para nosotros. Por eso aceptamos el diálogo.” Según el entorno de ENEL, la presencia de contingentes policiales en Nebaj fue un rumor que corrió por las comunidades.

Rumor o no, se levantó la talanquera. ENEL pudo seguir la construcción de Palo Viejo a la vez que discutía con las comunidades las bases de la negociación. En estas, ENEL reconoció a las alcaldías indígenas y autoridades ancestrales como representantes legítimos de las comunidades, mientras que las comunidades reconocieron a ENEL Guatemala como una sociedad legalmente establecida en el país.

Las mesa de negociaciones estuvo conformada por nueve voceros de las comunidades y dos ejecutivos de la EGP (Enel Green Power). Como testigos de honor, la empresa escogió a Gustavo Porras, asesor, entre otros, de la Asociación Nacional de Generadores y ex miembro del EGP (Ejército guerrillero de los Pobres) y las comunidades, a Monseñor Álvaro Ramazzini y a Victorino Similox, Secretario General del Concejo Ecuménico Cristiano de Guatemala. 

Primeros escollos

Según Monseñor Álvaro Ramazzini, el encuentro fue dominado por el respeto mutuo. “Ambas partes tenían la voluntad de llegar a un acuerdo. No hubo agresiones verbales ni actos de agresividad.” Sin embargo, empresa y comunidades no lograron ponerse de acuerdo en nada.

Las negociaciones tuvieron lugar en un salón de la escuela de San Felipe Chenlá. Allí se congregaron nueve voceros de las comunidades indígenas, y varios representantes de cada una de estas, sumando más de cien personas. ENEL, por su parte, tenía a dos funcionarios y una asesora. Había una mesa para los testigos de honor, y otra mesa destinada a los observadores, entre los cuales, muchos periodistas afines a las comunidades. Unas bocinas permitían a los numerosos pobladores que se congregaron en la cancha de básquetbol de la escuela, escuchar lo que se decía en el salón.

“Bajo estas condiciones, era imposible negociar”, aseguran desde el entorno de ENEL. La presencia de la comunidad rodeando a la escuela es, sin duda, una condición de diálogo a la que ninguna empresa está acostumbrada. ENEL pidió reiteradamente que las negociaciones se realizaran a puerta cerrada en un terreno neutral, con un limitado número de representantes de las comunidades. Miguel de León Ceto explica su rechazo absoluto a estas propuestas: “A nosotros, como indígenas, no nos gusta hacer las cosas en secreto. Una de las principales razones por las cuales queríamos un diálogo público y abierto, era para que la gente no sintiera que estábamos pactando a espaldas de ella, sin el conocimiento de ella.”

Cuando ENEL quiso dar una prueba de buena fe, en la forma de un importante lote de láminas, la discusión se entrampó porque la empresa sólo contemplaba repartirlas entre las comunidades dentro del área de influencia que ella definió. Las comunidades rechazaron esto tajantemente. “No conocemos área de influencia, sólo conocemos Cotzal. El beneficiario tiene que ser Cotzal porque ninguna comunidad tiene potestad sobre los ríos,” protestó De León Ceto. Nunca se llegó a un acuerdo. 

Sumando voluntades

Lo que definitivamente hirió de muerte el proceso de diálogo, fueron las propuestas de cada parte para repartir algo de los beneficios generados por la hidroeléctrica. ENEL puso sobre la mesa un plan de responsabilidad social corporativa llamado “Sumando Voluntades”.

Este plan propone, entre otras cosas, la creación de un instituto técnico en San Juan Cotzal en el que se impartirán dos cursos técnicos, en colaboración con el Intecap. Además, ofrece 15 microcréditos, 6 capacitaciones y 5 becas anuales para estudiantes a nivel técnico. Se agregan un programa educativo llamado “Juguemos a la energía”, tres proyectos de reforestación anuales y dos viveros forestales.

El plan se basa en ocho principios. El séptimo, “voluntariedad”, es de especial relevancia, ya que estipula que “Sumando Voluntades” se funda en una “decisión propia y libre” de la empresa en “contribuir con el desarrollo del municipio”. Buena parte de la conflictividad rural se genera a partir de esta “voluntariedad”. En los convenios entre el Estado y las empresas generadoras, no hay ninguna disposición que obligue a estas últimas invertir un porcentaje de su inversión en programas sociales para las comunidades aledañas. Por lo tanto, las empresas deciden cómo y cuánto invierten en sus planes de responsabilidad social.

De León Ceto, durante una sesión del dialogo, lamentó: “Ustedes llegan como Dios, porque ustedes son los que nos vienen a regalar el dulce”. Baltasar de la Cruz, también de las alcaldías indígenas, se quejó de que la empresa les ofreciera un proyecto de desarrollo sin haberlos consultado sobre su visión del desarrollo.

Álvaro Ramazzini opina: “Por una parte están los intereses de la empresa. Es lógico, que, puesto que ellos vinieron a hacer negocios, puedan recuperar la inversión y ganar dinero. Esto choca con los intereses de las comunidades indígenas que, con razón, quieren una parte justa y equitativa del beneficio económico de esta actividad, y que esto no se haga por imposición, según lo que crea la empresa que significa ayudar a las comunidades. Allí es donde aún no hemos encontrado el punto de encuentro.” 

20 por ciento, más Q8 millones

La propuesta “Sumando Voluntades” fue rechazada por las comunidades. ENEL pidió entonces que las comunidades ofrecieran una contrapropuesta con su propia visión del desarrollo. Lo que obtuvo fue un planteamiento que las alcaldías indígenas declararon innegociable, un piso, un monto mínimo: pidieron recibir el 20 por ciento del valor de la energía producida, y una indemnización de Q8 millones anuales por “los daños y perjuicios materiales, culturales y sociales causados por la hidroeléctrica Palo Viejo”.

Estas demandas fueron rápidamente rechazadas por ENEL. En primer lugar, por el monto elevadísimo de la exigencia.

La empresa no ha hecho público cuánto dinero espera generar con Palo Viejo. Pero se puede hacer una estimación. ENEL asegura que Palo Viejo generará 370 millones kWh por año. Cruzando este dato con el precio promedio del kWh ofertado por las empresas generadoras en la última licitación de la CNEE (Comisión Nacional de la Energía Eléctrica), Q0.80 por kWh, se puede inferir que ENEL ingresará alrededor de Q296 millones al año. 20% de esta cifra, más ocho millones “por daños” equivale a unos Q68 millones anuales, unas tres veces el presupuesto de la municipalidad de San Juan Cotzal.

ENEL, afirma que el beneficio que obtendrá con el proyecto Palo Viejo se sitúa alrededor del 12% de la inversión. Según datos obtenidos independientemente por Plaza Pública, el margen de ganancia de una hidroeléctrica oscila entre 15 y 20 por ciento. Si se acepta la cifra de ENEL, sus ganancias se elevarían, según esta estimación, a casi Q36 millones al año. Como dice Gustavo Porras, las demandas de las comunidades equivalen “pedirle a una empresa que vaya a invertir para perder.”

No todo el problema radica en el monto de la demanda. Las alcaldías indígenas confiesan haber planteado ese porcentaje al calor de la lucha, sin un estudio previo, y que están dispuestas a revisarlo si ENEL logra convencerlas de que es exagerado. Pidieron una contrapropuesta en términos de porcentajes que nunca recibieron. Pidieron que se les aceptara como accionistas del proyecto, y también les dijeron que no, a no ser que invirtieran un importante capital.

Hay varias razones por las cuales ENEL ni siquiera aceptó hablar de porcentajes. Una de estas es la propiedad de los recursos. Las comunidades afirman que son suyos ya que ellos siempre han administrado el agua, y los bosques que generan el agua. Pero desde el punto de vista legal, los recursos hídricos son de dominio público, y por lo tanto, sólo pueden ser usufructuados mediante una licencia que el Estado otorga. Por lo tanto, pagar un porcentaje por los recursos equivaldría, para la empresa, que haya una autoridad paralela a la del Estado.

Por otra parte, la empresa afirma que no puede negociar sobre porcentajes con un grupo, las alcaldías indígenas, cuya institucionalidad no es reconocida por el Estado de Guatemala. “Si le das a un grupo de vecinos que se nombran autoridades ancestrales, equis cantidad de millones, estas crean un poder paralelo al de la municipalidad. Contribuyes así al debilitamiento de una institucionalidad que ya es bastante débil”, explican personas cercanas a ENEL. En cuanto a este último punto, De León Ceto replica: “El dinero tiene que pasar por la municipalidad. Vamos a actuar y coordinar con la municipalidad. La municipalidad tendrá que tener el control de cómo invertimos el dinero.”

Hay una tercera razón de mucho peso para la empresa. Si, por Palo Viejo, la empresa acepta desprenderse de un porcentaje en favor de la población local, ¿qué pasará en las 650 plantas que controla Enel Green Power en el mundo? Probablemente, las poblaciones alrededor de estas hidroeléctricas exigirían el mismo beneficio, y eso, la empresa no lo puede permitir. También sería un antecedente preocupante para todas las empresas generadoras que operan en Guatemala, a las que se les podría exigir lo mismo. 

¿Estrategia de las comunidades indígenas?

Sorprende que las demandas de las comunidades sean tan elevadas. Hablando con varios líderes comunitarios, se llega a la conclusión de que no saben a cuánto se eleva su demanda, y que ni siquiera les queda claro si están pidiendo el 20 por ciento de las ganancias de ENEL o el 20 por ciento del valor de la energía producida. Los documentos publicados por las alcaldías indígenas indican claramente que se trata de la segunda opción.

Las alcaldías indígenas están asesoradas por una ONG llamada FundaMaya dirigida por Pablo Ceto. Habiendo sido comandante guerrillero y diputado, de ninguna manera puede pretextar ingenuidad financiera. FundaMaya no puede ignorar que lo que le exigen a la empresa está muy por encima de lo que esta podría pagar.

Podría haber una estrategia por parte de FundaMaya de bloquear la negociación con ENEL. Una persona cercana a esta ONG afirma que el  caso ENEL “ha sido un pretexto para levantar, a raíz de un problema, un proceso organizativo comunitario”. Otra persona cercana al movimiento afirma que una de las inquietudes de FundaMaya es que, alcanzar acuerdos con ENEL con beneficios modestos para las comunidades, podría desembocar en una desmovilización de la gente. Otra indicación, quizás, sobre este miedo a la desmovilización, es la agresividad de los comunicados y documentos publicados por las alcaldías indígenas. Se acusa a ENEL, entre otras muchas cosas, fundadas o no, de ser racista, cuando es obvio que el accionar de esta empresa capitalista no sería muy distinto frente a comunidades piamontesas o calabresas. Esta actitud parece en contradicción con la voluntad de negociar afirmada.

En la región ixil, los proyectos hidroeléctricos y mineros están en pleno auge, y los convenios entre Estado y empresas siguen siendo muy favorables a estas últimas, y siguen marginando a las comunidades. Por lo tanto, desde FundaMaya, se ve la necesidad de seguir en la lucha en todo el territorio. Por ejemplo, un nuevo conflicto se está encendiendo con la construcción inminente de la hidroeléctrica La Vega 1, por la empresa guatemalteca Hidroxil. También utilizará las aguas del río Cotzal, pero a la altura de la comunidad de Sumalito, perteneciente a Nebaj. 

Próximos rounds de negociación

Después de varios meses, las autoridades ancestrales y la empresa ENEL están próximas a reanudar el diálogo, siempre en compañía de sus testigos de honor.

Álvaro Ramazzini confía en que esta vez, se logre un acuerdo: “soy optimista por naturaleza”. Pero otros, tanto en el entorno de ENEL como entre las alcaldías indígenas, temen volverse a encontrar con los mismos puntos de bloqueo.

Sin embargo, la situación ha cambiado, y no a favor de las alcaldías indígenas. Si de relación de fuerza hablamos, ENEL ha terminado de construir la hidroeléctrica, y por lo tanto, las comunidades ya no tienen como medio de presión el bloqueo de la carretera. Para el transporte de personal, ENEL puede usar una carretera que atraviesa la finca San Francisco y desemboca en Uspantán. Además, el nuevo alcalde de Cotzal, Baltazar Cruz, pidió y obtuvo que se instalara un destacamento militar en Cotzal, que está situado a escasos minutos de San Felipe Chenlá.

La nueva administración de Cotzal, del Partido Patriota, que ha sido electa con una cómoda mayoría, ha tomado las riendas. Y esta no tiene especial simpatía por las alcaldías indígenas, como lo explica el vicealcalde, Domingo Córdoba. Este nuevo concejo municipal quiere retomar bajo su ala las negociaciones con ENEL. El vicealcalde afirma que están preparando un proyecto “bien hecho, bien planchadito”, para entablar discusiones con ENEL. A la pregunta de si quieren dejar fuera a las comunidades indígenas de la negociación, la respuesta es ambigua: “Al momento de tener nuestro paquete de propuestas, vamos a juntarnos con todos los alcaldes auxiliares, los COCODES y con los grupos que realmente vienen a fortalecer, y entonces, se hará un solo bloque de negociación.” Pero anteriormente, dejó claro que en su opinión, las alcaldías indígenas venían a dividir.  

Gustavo Porras considera muy positivo que la municipalidad de Cotzal participe en las negociaciones. En cambio, no opina, ni mucho menos, que haya que marginar a las autoridades ancestrales. “Si hay buena voluntad, yo te puedo asegurar que se puede llegar a un acuerdo muy provechoso para San Juan Cotzal entero, no simplemente las comunidades del área de impacto.”

Para Álvaro Ramazzini, “el Estado debe reconocer jurídicamente a las autoridades ancestrales.” Sin esto, no pueden negociar del tú a tú con las municipalidades, las empresas privadas o el Estado central.

Buena parte de la solución vendría de una toma de conciencia por parte del gobierno de Guatemala. El Obispo de Huehuetenango, muchas veces presentado, calumniosamente, como un extremista que odia a las empresas privadas, concluye: “necesitamos inversión extranjera, pero el Estado tiene que revisar sus pactos y convenios con las empresas transnacionales que se instalan en territorios indígenas, y tomar muy en serio las reivindicaciones. Pero para eso hay que hacer reformas profundas al sistema legal, porque una de las excusas que ponen siempre, es que la ley lo impide. Pero si  la ley lo impide, y vemos que esto no funciona, entonces cambiemos la ley, porque esto no puede seguir así. La conflictividad va en aumento, y la ingobernabilidad la fomenta el propio Estado al ignorar esas reivindicaciones.”

Sin anticipar sobre los resultados de las próximas negociaciones entre ENEL y las comunidades, cabe preguntarse si este tipo de diálogo puede multiplicarse para ser una solución sostenible a los conflictos rurales en todo el país. Pues mientras una empresa pueda, cumpliendo con la ley a cabalidad, manipular los ríos, no consultar a la población local, ni aportarle contribuciones que no sean voluntarias, otros casos como el de Santa Cruz Barillas serán una posibilidad. Una legislación sobre los impuestos nacionales y locales que deban hacer industrias extractivas e industrias verdes, así como la reglamentación del convenio 169 de la OIT podrían ayudar a destrabar el debate nacional sobre el modelo de desarrollo del país.

Nota del editor: Un error en la redacción de esta nota hizo que los concejos municipales aparecieran como "consejos". Gracias al lector que detectó esta falla.

Hidroeléctricas: ir al fondo de sus contradicciones (I) 

PLAZA PUBLICA http://plazapublica.com.gt 

REPORTAJE

Dos discursos simplistas, repetidos hasta la saciedad, utilizados como armas arrojadizas para intimidar, herir y descalificar al adversario, se enfrentan en Guatemala alrededor de las hidroeléctricas.

Sebastián Escalón

29 Junio, 2012 - 08:12

^-A⁺A

Las tarifas que impone en esta región Deocsa son escandalosamente altas comparado con Ciudad de Guatemala. Si en la capital la factura por un consumo de 80 kWh asciende a unos Q85, en las comunidades del Norte del Quiché se paga hasta Q40 por un consumo de 3 o 4 kWh. Diez veces más caro.

¿Es legítimo que una comunidad pueda detener un proyecto de interés nacional, de energía verde, aunque el convenio 169 no habla de consultas vinculantes? ¿Es legítimo que empresas puedan seguir la tradición de comprar propiedades que incluyen ríos aunque dejen sin agua a comunidades aledañas? ¿Debería el Estado proteger los intereses particulares de las comunidades como protege los intereses particulares de otros grupos poderosos?

El primero, el industrial, dice: “Las hidroeléctricas son buenas: generan energía limpia, traen trabajo y desarrollo a las zonas rurales. Los que se oponen a ellas, las comunidades manipuladas por oenegés financiadas por gobiernos extranjeros, rechazan el progreso, quieren mantenerse en la edad de piedra. El gobierno debe hacer todo lo posible, utilizar la fuerza si necesario, para impedir que ese grupito de bochincheros envidiosos ponga en peligro la propiedad privada de unos valerosos empresarios que arriesgan su capital en proyectos tan beneficiosos.”

El otro, el de las comunidades y las organizaciones sociales que las apoyan dice: “Las hidroeléctricas sólo traen destrucción y muerte. Las construyen maquiavélicas empresas transnacionales que ganan miles de millones explotando los recursos que nos pertenecen legítimamente, dejándonos miseria, contaminación, corrupción y división social. Son racistas, clasistas, violan a la Madre Tierra y quieren destruirnos como pueblo. Por eso decimos ¡sí a la vida, no a las hidroeléctricas!”

Quien quiera ir más allá de los eslóganes, se enfrentará a una realidad extraordinariamente compleja y difícil de asir. Pero la conflictividad social está en aumento, y los episodios de violencia ciega, como el de Santa Cruz Barillas, podrían irse multiplicando a lo largo y ancho del país. Por eso, resulta necesario intentar entender los conflictos más allá de la propaganda generada por ambos lados.

Plaza Pública exploró el caso Palo Viejo, una hidroeléctrica construida por la empresa italiana ENEL en el municipio de San Juan Cotzal, Quiché, que ha generado una férrea y eficaz oposición en las comunidades, en un reportaje dividido en dos partes.

De aldeas modelo a aldeas rebeldes

En toda la región ixil, en el Norte de Quiché, a siete horas de la Ciudad de Guatemala, las montañas majestuosas se han vestido de verde con las lluvias. Las milpas no tienen ni medio metro de alto. En las laderas, que más bien parecen acantilados, bosques frondosos y cultivos se disputan la tierra.

Una carretera de terracería sale de San Juan Cotzal y llega hasta la inmensa finca San Francisco, de 315 caballerías, propiedad de un temido terrateniente, Pedro Brol, conocido como el nuevo Tigre del Ixcán. Es allí donde, a partir del 2006 se empezó a construir la hidroeléctrica Palo Viejo. Recién inaugurada, ésta supuso una inversión de más de US$200 millones (Q1,560 millones). De 84 megavatios de potencia, funciona con el agua del río Cotzal y tres de sus afluentes: los ríos El Regadío, Chipal y Arrollo Escondido.

La carretera atraviesa las aldeas de San Felipe Chenlá y luego, Santa Avelina, 1,700 habitantes. Estas dos poblaciones fueron, en los años ochenta, aldeas modelo creadas y organizadas por el ejército para controlar a la población a la que no consideró guerrillera y perdonó la vida. La región ixil fue de las más golpeadas por la guerra y el genocidio, contabilizando 114 masacres contra civiles por parte de las fuerzas armadas y las patrullas de autodefensa civil. Hoy estas comunidades, que fueron aldeas modelo del ejército encabezan la lucha contra ENEL. Nos encontramos con dos de sus líderes destacados, los alcaldes indígenas Concepción Santay y Antonio Pérez Martínez.

Ambos están ansiosos por mostrar los estragos que, según ellos, la empresa ha causado, y en especial el nuevo aspecto del río Cotzal, después de que la hidroeléctrica lo haya desviado de su curso. Pero antes de adentrarnos más en este embrollo, quizás sea conveniente presentar a sus actores principales. 

ENEL (Ente Nazionale per l'Energia Elettrica)

Este grupo italiano creado en 1962  es un coloso de la energía. Presente en 40 países, cuenta con 75,000 empleados. En el 2011, reportó ganancias por 4,1 mil millones de euros, por un volumen de negocios de 79,5 mil millones de euros (unos Q795 mil millones), 13 veces el presupuesto general del Estado de Guatemala. Al poder del dinero se agrega el de la política: el grupo, detentado en un 31% por el Estado italiano, cuenta con todo el respaldo de su gobierno y su diplomacia.

Filial del grupo, la empresa Enel Green Power (EGP) se dedica principalmente a la generación hidroeléctrica. Latinoamérica es una de sus principales regiones de inversión.

No es la primera vez que causa polémicas y conflictos con comunidades indígenas. En Chile, en la Patagonia, su megaproyecto HidroAysen inundará 5,900 hectáreas en territorios mapuches, lo que ha generado una intensa oposición nacional e internacional. En Panamá, las protestas contra el proyecto Barro Blanco desembocaron en mayo, en duros enfrentamientos entre indígenas ngabe bugle y fuerzas antimotines.

La recién inaugurada hidroeléctrica Palo Viejo es la quinta construida por Enel Green Power en Guatemala. Se agrega a las que ya tiene funcionando en Quetzaltenango y Baja Verapaz. De dimensiones más modestas, estas no generaron mayores problemas sociales.

Alcaldías indígenas de Cotzal, Chajul y Nebaj

Durante décadas, cuando el Estado no se asomaba nunca por la región ixil, las comunidades se rigieron por autoridades tradicionales como los Consejos de principales y las Alcaldías indígenas. Pero los 36 años de guerra y las masacres que sufrieron los ixiles, así como la implantación planificada de iglesias evangélicas, desbarataron estas formas de gobierno.

Al comienzo del siglo XXI, una organización llamada FundaMaya, dirigida por Pablo Ceto, ex-comandante del Ejército Guerrillero de los Pobres y ex-diputado por la URNG, impulsó la reactivación de las alcaldías indígenas en la zona ixil: Nebaj, Chajul y Cotzal. Para esto, se inspiró en el modelo tradicional que funciona en Chichicastenango y Sololá, pero con una diferencia: aquí serían políticamente activas, y no se limitarían a la esfera de las tradiciones, la espiritualidad y la mediación de pequeños conflictos entre personas. Tendrían un papel protagonista en lo que llaman “defensa del territorio”. Para esta reactivación, FundaMaya recibió fondos y asesorías del Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia. Rroma no sabía que, con el caso Palo Viejo, se enfrentaría a sí misma en una remota comarca centroamericana. O tal vez sí, si se toma en cuenta que los Estados no son monolíticos.

La actual administración municipal de San Juan Cotzal niega a las alcaldías indígenas cualquier legitimidad. “Llegó de fuera un tal Pablo Ceto, que es ex-comandante de la guerrilla, con la ideología de sembrar divisionismo en el pueblo de Cotzal. Y buscó a un grupito que le llamaron alcaldías indígenas. Que se autonombraron así. No es que la población haya elegido a ese grupito”, dice Domingo Córdoba, vicealcalde de Cotzal.  Sin embargo, las alcaldías indígenas tienen una organización que abarca la mayor parte de los tres municipios ixiles. Su lucha contra ENEL les ha subido el perfil, y la empresa ha sido forzada a reconocerlas como interlocutoras válidas en las negociaciones. Además, las alcaldías indígenas han sido reconocidas como “legítimas e importantes autoridades locales” por la Corte de Constitucionalidad.

A las alcaldías indígenas las constituyen líderes de las comunidades, personas que han pasado por diversas responsabilidades: son o han sido miembros de los Consejos Comunitarios de Desarrollo, miembros de comités de tierra, regidores, alcaldes auxiliares o guías espirituales. No cuentan con el respaldo de una elección popular; tienen una trayectoria que los ampara.

Estos son los principales actores de un conflicto que empezó en el 2006, cuando ENEL instaló sus turbinas en la finca San Francisco. En el 2011, éste llegó a un punto álgido cuando las comunidades decidieron cerrarle el paso a los camiones de la empresa y paralizaron así, durante cuatro meses, las obras de construcción. Tras situaciones muy tensas, que implicaron órdenes de captura contra los líderes de la protesta y la concentración de cientos de efectivos policiales y militares para reabrir el paso, comunidades y empresa entablaron un diálogo que será objeto de la segunda parte de este reportaje. En esta primera, se contará algunos aspectos de la conflictividad social que están generando grandes proyectos energéticos como el de Palo Viejo.

Inversiones millonarias en zonas de extrema pobreza

¿Qué debería suceder cuando llegan unas inversiones, como la de ENEL, que sobrepasan los US$200 millones, a zonas en donde más del 80 por ciento de la población vive en la pobreza, y una tercera parte vive con menos de Q8 al día? “En la base de todas estas contradicciones, están los problemas estructurales del país: pobreza, desigualdad, inequidad, la acumulación de un lado y la invisibilización del otro. Mientras no se atiendan estos problemas, va a ser difícil encontrar puntos de encuentro,” afirma Raúl Maas, antropólogo, investigador del Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente (IARNA), de la Universidad Rafael Landívar.

Un vistazo a la situación del municipio San Juan Cotzal, de 26,000 habitantes, da una buena muestra de esto: según el Plan de Desarrollo Municipal 2011-2025 de Segeplan, el municipio es uno de los 63 en estado de vulnerabilidad alimentaria y con peor calidad de vida. Los ingresos del 83,90 por ciento de los hogares apenas llegan a Q1,200 mensuales, equivalentes a Q40 diarios para familias enteras. La tasa de analfabetismo alcanza el 41.61%.

¿Razón adicional para aceptar, e incluso celebrar la llegada de un proyecto industrial a la zona? No es tan simple.

Según datos de la empresa Enel, durante la fase de construcción, hoy concluida, empleó a 950 personas, entre las cuales, 350 obreros del área ixil. No todos los empleos fueron para la gente del lugar. Muchos trabajadores fueron traídos desde Alta Verapaz, según el alcalde indígena de Santa Avelina, Antonio Pérez Martínez. El opina que se debe a lo siguiente: “Cuando el ingeniero llama huevones, mulas o brutos a los obreros, los de aquí se molestan. Los Cobán no dicen nada, agachan la cabeza y siguen trabajando porque no hablan mucho español, solo q'eqchí'”.

El sueldo recibido por estos 350 obreros ixiles no les alcanza más que para el consumo diario, y al final de la construcción, ellos y sus familias se encuentran en la misma situación que antes. Durante la fase operativa de la planta, planificada para durar 50 años, la empresa sólo emplea a 32 personas, entre personal administrativo y técnicos. Son empleos cualificados en su mayoría, hoy en día fuera del alcance de los habitantes de la zona. Para la gente del lugar, un puñado de puestos disponibles: cocineras, algún ayudante de topógrafo, y poco más. La generación de empleo por parte de las empresas hidroeléctricas es, pues, prácticamente insignificante a largo plazo. La empresa asegura que su plan de responsabilidad social empleará a 120 personas del área ixil. Sin embargo, este plan, llamado Sumando Voluntades, no parece requerir de tanto personal a tiempo completo para su implementación.

Llegó la hidroeléctrica, llegó el progreso

En el Norte del Quiché, en donde operan ya dos grandes proyectos hidroeléctricos (Palo Viejo e HidroXacbal), y tres más están en fase de estudio, sólo 10 comunidades tienen acceso a la energía eléctrica, según Segeplan. Las demás 29 usan formas tradicionales de alumbrado, ocote, madera, candelas o candiles de kerosen, que ocasionan graves problemas de salud a las personas. “Para nosotros es una vergüenza, una burla que nos están haciendo. Generamos y no tenemos”, se queja Concepción Santay. Las empresas hidroeléctricas se defienden diciendo que ellas no distribuyen electricidad. Esa es tarea del Estado. Es cierto. Pero la paradoja sigue sin resolverse.

Un profesional que trabaja para un proyecto hidroeléctrico del área y no quiere que se publique su nombre, cuenta cómo aprovecharon algunas hidroeléctricas el deseo de las comunidades de tener electricidad, para tender sus interconexiones de alto voltaje. “Llegaban emisarios a las comunidades, y pedían permiso para construir las torres de los cables de alta tensión. La gente se alegraba, pensando que ya les llegaba la luz, y aceptaba de inmediato. Nadie de las empresas la sacaba del error. Resultado, las comunidades se encontraron con torres de 30 metros de alto, con esos cables que silban en la noche, y ellos siguen sin luz. Ahora ya saben y no se dejan. La interconexión de las plantas al sistema nacional se está convirtiendo en una pesadilla para las hidroeléctricas.”

Los que sí tienen luz en sus casas, también tienen su queja. Teniendo a la par una planta de 84 megavatios, sus facturas de electricidad llegan a Q50, Q60 u Q80 por utilizar un radio y tres bombillas. Las tarifas que impone en esta región Deocsa son escandalosamente altas comparado con lo que se paga en Ciudad de Guatemala. Si en la capital la factura por un consumo de 80 kWh  asciende a unos Q85, en las comunidades del Norte del Quiché se paga hasta Q40 por un consumo de 3 o 4 kWh. Diez veces más caro.

Esta situación podría resolverse si el Estado y los generadores firmaran un convenio para que, en los municipios donde están implantados estos últimos, los habitantes tengan acceso a la electricidad, y ésta no cueste tanto. Según ENEL, el acceso a la energía eléctrica es para ella una prioridad, y asegura colaborar con el INDE en aspectos de logística y transporte, para hacerla llegar a las comunidades.

La luz no es la única carencia. Todos los servicios básicos son deficientes en esta región de la que el Estado se ha olvidado desde el final de la guerra, o desde antes de la guerra. Suena lógico que las comunidades no vean con buenos ojos la llegada de proyectos millonarios que, utilizando los recursos naturales que tradicionalmente han gestionado ellas, no responden a sus necesidades básicas. El Estado no exige a las empresas ninguna inversión a favor de las comunidades aledañas, y todo lo que pueden esperar estas últimas, es lo que voluntariamente decida cada hidroeléctrica.

Derecho a la consulta

Miguel de León Ceto, uno de los voceros de las comunidades indígenas en  conflicto con ENEL, dice que “desde que se supo que iba a venir una empresa, se le pidió al alcalde que se hiciera la consulta comunitaria para que la gente se pronunciara, y ver si estaba a favor o si estaba en contra. Y eso nunca lo hubo. Nunca hubo consulta.”

ENEL afirma que el consultar a las poblaciones sobre sus proyectos es parte de sus prioridades. Agrega que en este caso, la consulta consistió en una reunión celebrada el 2 de mayo del 2006 con los líderes de los Consejos Comunitarios de Desarrollo. En esa reunión, todos firmaron un acta en la que aceptaban la presencia de la empresa.

Las alcaldías indígenas rechazan ese acuerdo, ya que fue obtenido, dicen, mediante una trampa del alcalde. “El alcalde Pérez Chen reunió a los Cocodes y a los alcaldes auxiliares y les dijo que les iba a dar proyectos, láminas, carretera, y se levantó un acta sobre estas promesas. Pero al final del acta había una frase que decía que estaban de acuerdo con la llegada de la empresa. Pero ese no era el objeto de la reunión. La reunión era para discutir de los proyectos, no de la llegada de ENEL. Entonces la gente dijo, si no firmamos, no nos dan láminas ni proyectos. Firmemos. La gente no vio la trampa,” protesta de León Ceto.

La Constitución ampara a las comunidades en su petición a ser consultadas sobre proyectos de este tipo que se asientan en los territorios que tradicionalmente han habitado. Guatemala firmó un convenio, el 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que tiene valor constitucional. En uno de sus artículos, el texto dice: “Los pueblos interesados deben tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural.”

Las consultas son un tema de preocupación para los generadores de energía de Guatemala. El cable de la embajada estadounidense 05GUATEMALA2250 revelado por WikiLeaks, relata una reunión, ocurrida el 7 de septiembre del 2005, entre funcionarios de dicha embajada y una delegación conformada por doce personas de la Asociación Nacional de Generadores (ANG). Según el cable, los generadores temen que las nuevas inversiones puedan ser frenadas o encarecidas por un sistema de consultas con las comunidades locales. “(Las consultas) permiten a la comunidad local opinar sobre inversiones para que no tengan impactos sociales, económicos o ambientales negativos. Los críticos ven las consultas como un medio para las comunidades locales de chantajear a los inversionistas. Compañías han sido amenazadas con consultas si no aportaban inversiones locales significativas e infraestructura. Hasta la fecha, ningún proyecto ha sido detenido por una consulta,” dicen los diplomáticos estadounidenses.

Todas las consultas populares que se han hecho hasta ahora, sin el aval del gobierno, han desembocado en rotundo “no” a todo proyecto hidroeléctrico o minero. Pero estas consultas no son consideradas como vinculantes por la Corte de Constitucionalidad.  

Gustavo Porras, sociólogo, exguerrillero, exsecretario privado de la Presidencia y signatario de los Acuerdos de Paz, es ahora asesor de la ANG y considera que “la vinculancia es un atributo que sólo los entes producto de la soberanía popular pueden tener, porque si no, tú y yo hacemos una negociación, y lo que decidamos es obligatorio para todos los guatemaltecos. Esto es imposible. Además, en ningún lugar del convenio 169 dice que las consultas deban ser vinculantes, ni que deban tomar la forma de un plebiscito”.

Aunque en su artículo 7 el convenio 169 estipula: “Los pueblos interesados deben tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera”, en ningún momento menciona la palabra vinculante. Esto ha llevado ainterpretaciones muy diversas por parte de los juristas especializados y a una sentencia de la OIT contra la vinculancia de las consultas en un caso en Noruega, pues consideró que prevalecía el interés nacional.

Mientras no se defina una forma de consultar a las poblaciones, y de informarlas cabalmente para permitirles tomar una decisión razonada, el convenio 169 de la OIT permanecerá como letra muerta, para mayor beneficio de las empresas privadas que se instalen en las áreas indígenas, aunque en un limbo de legitimidad legal y social. Pero hay otro aspecto que vendría a dar una vuelta de tuerca adicional: el interés nacional.

¿Es legítimo que una comunidad pueda detener un proyecto de interés nacional, aunque el convenio 169 no habla de consultas vinculantes? ¿Es legítimo que empresas puedan seguir la tradición de comprar propiedades que incluyen ríos aunque dejen sin agua a comunidades aledañas? ¿Debería el Estado proteger los intereses particulares de las comunidades como protege los intereses particulares de otros grupos de guatemaltecos?

¿Daños materiales?

En el centro de Santa Avelina hay obras. Y un problema con los drenajes: las aguas servidas, en vez de bajar ladera abajo hacia el río por la tubería adecuada, salen por el patio de una casa y forman un arrollo fétido que atraviesa el poblado. Según el alcalde indígena, ENEL es la culpable. El paso constante de camiones pesados durante la construcción de la hidroeléctrica, argumenta, hizo que la carretera se hundiera, lo que desniveló los drenajes. Asegura que han pedido durante un año, tanto a la empresa como a la municipalidad de Cotzal, la reparación del daño, sin éxito.

No es el único daño material que le atribuye a la empresa. Hay, asegura, pozos que se han secado y casas rajadas por el paso de camiones, que además, han dañado los caminos. Otra queja, que se pudo escuchar varias veces, es más singular. Dicen que durante las obras, ENEL voló un cerro en el que anidaba una población de murciélagos vampiro. En consecuencia, estos mordieron muchos animales, sobre todo vacas, que eran parte del sustento de los habitantes. Por miedo a contraer el virus de la rabia, todos los animales mordidos fueron sacrificados. Llevan varios años pidiendo reparación por este hecho.

Queda fuera del alcance de Plaza Pública determinar si todos estos daños son reales y si son exclusiva responsabilidad de ENEL. Lo único que pudimos ver es el tamaño colosal de los camiones de la empresa constructora, y el lío que se forma cuando dos de estos se cruzan en la estrecha carretera. No parece insensato que  el paso diario de cientos de estos camiones de este calibre haya traído algunas consecuencias negativas para las aldeas aledañas. Además, dos muchachos de Santa Avelina, Francisco Vázquez y Leonardo Ixcoy, fueron atropellados mortalmente en el 2010 por un camión de la constructora, sin que el caso llegara a la justicia.

ENEL admite que durante el proceso de construcción, se produjeron algunos daños materiales como tuberías rotas o paredes externas rajadas, pero que todos estos daños fueron o reparados o compensados económicamente a través de una mediación con la municipalidad y los jueces de paz. Esto lo niegan las comunidades. Lo cierto es que gran parte de la construcción se realizó cuando el alcalde de Cotzal era prófugo de la justicia, y por lo tanto, no podía mediar en ningún conflicto. 

¿Daños ambientales?

Concepción Santay y Antonio Martínez muestran el lugar en donde el río Cotzal se estanca a causa del muro que corta su paso y sirve para canalizar el agua. Para llegar a ese lugar, hay que cruzar milpas y cafetales sembrados en una ladera muy empinada. En la frontera entre la aldea Santa Avelina y la finca San Francisco, el río que corría ligero entre las piedras se ha convertido en un pantano verdoso. Este año, por primera vez, el agua ha subido de nivel, cuatro metros, según las estimaciones de Concepción Santay, y ha invadido un trozo del barranco, propiedad de la comunidad. Los alcaldes temen que el agua socave las laderas y produzca deslaves que se lleven abajo los cultivos. Pero sobre todo, se quejan de que el agua haya invadido su propiedad.

Desde una altura cercana, se divisa parte de la obra de ENEL. Cortando el curso del río, hay un enorme muro de concreto de varios metros de ancho con dos aperturas que forman un embudo. Detrás del muro hay un canal, también de cemento, por el cual se deslizan las aguas del río Cotzal. Tiene más de catorce kilómetros de largo y llega a las turbinas de Palo Viejo. Estas aguas caen siguiendo una pendiente natural, mueven las turbinas de la planta, y vuelven al río Cotzal.

A un lado del canal de concreto, está el viejo cauce del río. Se supone que, por razones ecológicas, para no oponer una barrera a los peces migratorios, el río debería recibir continuamente un 20% del agua. Lo se ve es un hilo de agua por el que ni un barquito de papel podría navegar, y eso que ya es temporada de lluvia. Otra consecuencia nefasta, según Santay, es que el canal de cemento corta el paso de los animales del bosque. Al tratar de cruzarlo, caen y se ahogan. “Los trabajadores de la finca nos dicen que todos los días se recogen venados muertos, cochemontes y tepezcuintles.” La muerte de animales salvajes es rotundamente negada por ENEL.

Miguel de León Ceto asegura que, después del paso por las turbinas, las aguas vuelven al río revueltas con lodo, grasas y productos químicos. Que los peces han muerto, afirma. Durante la entrevista muestra una botella de Coca Cola repleta de agua sucia. Asegura que es agua recogida en el río Cotzal más allá de la hidroeléctrica. Aunque no pudimos observar el río después de su paso por la planta, estas alegaciones nos convencen menos ya que pudimos constatar que los desagües de Santa Avelina van a parar, sin tratamiento alguno, al río Cotzal. Todos los drenajes de las comunidades a la vera del río, y los del casco urbano de San Juan Cotzal, llegan al río. También vimos basureros clandestinos a la orilla de un río que desemboca en el Cotzal, muy cerca de la esplendorosa cascada de Santa  Avelina.

Antes de la llegada de ENEL, el río Cotzal era ya un ecosistema dañado.

Por su parte, ENEL asegura que la generación hidreoeléctrica no requiere la utilización de químicos o grasas. Asegura operar un monitoreo constante de la  calidad del agua, y que las aguas que retornan al río Cotzal son más limpias que río arriba.

El responsable de evaluar con rigor los posibles daños ambientales cometidos por las empresas es el  Estado de Guatemala. Hasta ahora, no ha cumplido con esa obligación a cabalidad. Antes de empezar a construir una hidroeléctrica, las empresas deben redactar un estudio de impacto ambiental que es remitido al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Por ley, el MARN tiene cuarenta días, ni uno más, para evaluarlo y dar o no su visto bueno al proyecto. ¿De cuántos funcionarios dispone el MARN para leer estos informes? Sólo dos, según contrapartes del MARN. Dos personas, cuarenta días, para evaluar estudios extremadamente técnicos que en algunos casos pueden tener hasta 10,000 páginas. No sería ilógico pensar que hay estudios de impacto ambiental que no se leyeron completos antes de ser aprobados.

Pero no acaba allí. El seguimiento de la construcción y manejo de hidroeléctricas por parte del Estado es prácticamente nulo. En palabras de Raúl Maas: “para el gobierno, con que vengás a invertir es bueno. No importa lo que vengás a hacer”.

En materia de supervisión ambiental, el Estado es ciego y paralítico por voluntad propia. A esta práctica se le llama “dumping ecológico”: el país cuya legislación ambiental es más laxa, y cuyo sistema de monitoreo es menos eficiente, es el que tiene mayores oportunidades de atraer inversión extranjera. Cosa profundamente injusta puesto que los platos rotos no los pagan los funcionarios del gobierno o los diputados, sino las poblaciones que viven cerca de los proyectos. 

División social, tensiones y amenazas

Personas cercanas a ENEL relatan que en el 2011, cuando las comunidades cerraron el paso a los camiones con destino a la finca San Francisco, la empresa se acercó a las comunidades del entorno y llegó a acuerdos con muchas de ellas para proveerles de techo mínimo, 16 láminas por familia. Estos acuerdos bilaterales eran una forma, argumentan, de rebajar la tensión y de honrar un compromiso anterior de la empresa.

Esta práctica es de las que mayor rechazo genera entre las alcaldías indígenas de Cotzal, que ven en esto un intento de dividir a las comunidades mediante regalos y promesas. Lo ven como una acción desleal destinada a  impedir la organización de un frente de lucha. Lograr esa unidad es una operación harto complicada. Las aldeas Santa Avelina y San Felipe Chenlá están conformadas por ex guerrilleros, ex soldados, ex patrulleros. Hay iglesias evangélicas tradicionalmente opuestas a la organización social. Hay empleados de la hidroeléctrica que no quieren que se ponga en peligro sus empleos. Hay gente que, recordando la guerra, “no quiere meterse en problemas”. Hay comunidades enfrentadas por historias que vienen de muy lejos. Por eso, la cohesión lograda por las alcaldías indígenas de Nebaj, Cotzal y Chajul es algo tan frágil como difícil de obtener.

El ofrecimiento de láminas pone en serios aprietos a los líderes de las comunidades, quienes deben decidir, en nombre de todos, si aceptar o no el regalo. Rechazarlo los enfrenta inevitablemente a los pobladores que prefieren un beneficio inmediato y concreto a una larga lucha cuyos frutos pueden no llegar a darse.  Ejemplo de esto, lo ocurrido en El Regadío, comunidad próxima a Uspantán en conflicto con la finca San Francisco por la propiedad de unas tierras y del nacimiento de un río que alimenta a la hidroeléctrica. Allí, la población, en protesta, colocó una talanquera que impedía el paso hacia la finca. Según Julio López Ventura, del Comité de Unidad Campesina (CUC), en el 2010, emisarios de la municipalidad de Uspantán lograron levantar la talanquera mediante el ofrecimiento de 10 láminas por familia. Esto trajo profundas enemistades dentro de la misma comunidad.

“Con la llegada de la empresa, papás, hermanos se pelean entre ellos. – Es que yo estoy de acuerdo. –Es que yo no estoy de acuerdo. La gente que está de acuerdo es porque le dan trabajo. Y tiene razón. Yo me pongo en su lugar: si me dieran trabajo, yo también lo defendería. Pero lo que está haciendo la empresa es manipular. Se aprovechan de nuestra pobreza,” dice Miguel de León Ceto. “Ellos llegan con un líder, una personas de las más destacadas y le dan un trabajo. A esos líderes ofrecen proyectos, una escuela, carretera, trabajo. Esta persona se encarga luego de aconsejar a las otras.”

Las amenazas, y el miedo a la criminalización, son también una preocupación constante entre las comunidades. Sería fantasioso imaginar a los funcionarios de ENEL, o de cualquier otra empresa hidroeléctrica, amenazando a los pobladores o contratando pistoleros. Pero un proyecto de estas características va tejiendo una red de intereses comunes con gente de muchos ámbitos. En el caso Palo Viejo, las comunidades, al enfrentarse a la transnacional italiana, se enfrentan también a la empresa constructora Solel Boneh, a Cementos Progreso, a los sucesivos alcaldes de Cotzal, a Pedro Brol, el temido terrateniente, a su poderosa milicia, a los empleados y contratistas locales de la empresa.

Los miedos no son imaginarios. El ex alcalde José Pérez Chen está enjuiciado por ordenar el linchamiento de un policía que defendía a su hijo, que había sido apresado injustamente por el alcalde, o las fuerzas de seguridad de la finca San Franciso –que parecen una milicia– han intimidado en repetidas ocasiones a la comunidad de El Regadío.

En San Juan Cotzal las cosas no han pasado a mayores, como en otras regiones del país. Aún así, Baltazar de la Cruz y Pedro Sambrano, dos de los líderes del movimiento, afirman haber sido amenazados de muerte por el alcalde Chen en persona en agosto del 2008. Un año más tarde, Baltazar de la Cruz fue detenido por un grupo de hombres armados e interrogado por el vicealcalde de Cotzal y el jefe de un grupo llamado “Seguridad Ciudadana”, Pedro Zacarías.

Rumores y desinformación

“Te voy a decir lo que yo pienso”, exclama Gustavo Porras, testigo de honor de ENEL en la negociación con las comunidades. “Desgraciadamente, mucha población está luchando contra un fantasma. Por ejemplo, lo de Barillas, en donde mucha gente piensa que no es una hidroeléctrica lo que se construye, sino una mina. O asume que los cableados de alta tensión producen cáncer, y entra en una oposición frontal cuando pudiera entrar en un proceso de negociación.”

Este reportero escribió, hace dos años, sobre el caso de un geólogo francés que llegó a Uspantán para estudiar la falla del Polochic, y ver si los terremotos que genera pudieran preverse mejor. Para su trabajo, el científico necesitaba cavar una zanja a orillas del río Chixoy. A gritos de “¡No a la minería, no a las hidroeléctricas!”, fue echado del área antes de la primer palada de tierra.  Anécdotas de este tipo aparecen regularmente en la prensa. Muestran el grado de desinformación y de polarización creciente en las áreas rurales, pero no señalan todas las veces en que las comunidades han sido engañadas.

Los rumores corren mucho más rápido, en las comunidades, que la información fidedigna. Hablamos de comunidades en donde la mayoría de la gente está poco preparada para discriminar entre verdades, medias-verdades y absolutas mentiras. El caso en Sayaxché, Petén, entre comunidades y palma africana es otro ejemplo. Paradójicamente, todos los bandos dicen sufrir esta realidad, y sin duda, todos la fomentan cuando sienten que es útil para sus intereses. La desinformación es un arma poderosa muy utilizada en las áreas rurales. Entre los que afirman que los comunitarios están obligados por ley, a vender las tierras que interesan a las empresas privadas, o aseguran que las organizaciones sociales ganan millones a costa de las comunidades, y entre los que sostienen que las hidroeléctricas se quedan con el agua y secan los cultivos, encontramos muchas veces a una población desamparada, sin capacidad de elegir a conciencia su destino.

La falta de discernimiento para encarar racionalmente estas situaciones no es propia de las comunidades. Lo afirma un profesional, empleado por una hidroeléctrica. “Es increíble la ignorancia de los funcionarios de las empresas a nivel gerente. Desconocen todo de la vida en las comunidades. Les tienen miedo y no entienden nada de sus perspectivas, sus idiosincrasias. No son capaces de llevar adelante un diálogo intercultural.”

El Sí del No

Al contrario de lo que se dice en los medios de comunicación masivos, las comunidades indígenas no están en contra del progreso. Ni siquiera en contra de la generación hidroeléctrica. Como prueba, el puñado de pequeñas plantas generadoras comunitarias que se han construido en el área: la hidroeléctrica de Chel, que genera electricidad para más de dos mil personas; la hidroeléctrica de Batzchocolá, casi lista para brindar servicio a tres comunidades, y, en la Zona Reina, la planta recién inaugurada de la comunidad CPR (Comunidad de Población en Resistencia) 31 de Mayo.

Dice Julio López Ventura, del CUC, una de las organizaciones más activas en la lucha contra las empresas mineras e hidroeléctricas: “Las consultas realizadas mostraron un rechazo frontal hacia las hidroeléctricas, y es la reacción natural ante la llegada de algo extraño. Se dijo no a la imposición de un desarrollo extractivista, a la mercantilización de los recursos naturales y al que no se haya consultado a las comunidades. Pero yo soy de la idea de que hay que pensar en cuál sería el sí de ese no. Como comunidades, tenemos que ser más propositivos, y pensar en un modelo de utilización de los recursos que sí sería aceptable para nosotros.”

Monseñor Álvaro Ramazzini, obispo de Huehuetenango, opina: “por un lado, necesitamos inversión extranjera. Por otro, hay un clamor muy fuerte por que las comunidades indígenas sean partes activas en estos proyectos y obtengan un beneficio justo y equitativo.  El Estado de Guatemala debe tomar muy en serio las reivindicaciones, y revisar sus pactos y convenios con las empresas transnacionales que se instalan en territorios indígenas para que la inversión extranjera no sólo se realice solo desde la perspectiva del mercado y el negocio.”

Opina Gustavo Porras: “Yo entiendo por qué a la gente le produce un impacto cuando se instalan empresas en territorios que han habitado siempre. Esto no había pasado nunca, y menos, empresas que es lógico que generen temor. De lo que depende que del limón se pueda hacer una limonada es que haya una buena conducción de la problemática. Que las comunidades obtengan los mayores beneficios, y que esos mayores beneficios sean definidos por la mayor cantidad posible de población. Si se logra, sale ganando Guate, porque la energía renovable es una prioridad, y sale ganando la población.”

El cambio de matriz energética, es decir, la producción de electricidad mediante recursos renovables propios como el agua, en vez de recursos importados como el carbón o el bunker podría ser de gran beneficio para el país, ya que dependería menos de los precios fluctuantes de estos combustibles. La hidroelectricidad podría aportar además, otros beneficios para las comunidades, como lo recuerda Raúl Maas, del IARNA: “Por ahora, el país es excedentario en agua: produce más de lo que consume. Pero con el cambio climático, esto va a cambiar. Por eso necesitamos infraestructura para cosechar agua, como embalses. Se podría multiplicar los usos que se le da a los cuerpos de agua artificiales, para que, además de generar electricidad, sirvan para regar cultivos, atraer turismo, algo que hasta ahora no se ha hecho. Se podría esperar que las comunidades se involucren en esos procesos.” 

Aún así, no va a ser fácil resolver los conflictos entorno a las hidroeléctricas. En la segunda entrega de este reportaje, se hablará del diálogo que mantuvieron  las autoridades ancestrales ixiles con la empresa ENEL. Diálogo que después del fracaso inicial está pronto a reanudarse.