Hidroeléctricas: ir al fondo de sus contradicciones (I)
PLAZA PUBLICA http://plazapublica.com.gt
Dos discursos simplistas, repetidos hasta la saciedad, utilizados como armas arrojadizas para intimidar, herir y descalificar al adversario, se enfrentan en Guatemala alrededor de las hidroeléctricas.
Las tarifas que impone en esta región Deocsa son escandalosamente altas comparado con Ciudad de Guatemala. Si en la capital la factura por un consumo de 80 kWh asciende a unos Q85, en las comunidades del Norte del Quiché se paga hasta Q40 por un consumo de 3 o 4 kWh. Diez veces más caro.
¿Es legítimo que una comunidad pueda detener un proyecto de interés nacional, de energía verde, aunque el convenio 169 no habla de consultas vinculantes? ¿Es legítimo que empresas puedan seguir la tradición de comprar propiedades que incluyen ríos aunque dejen sin agua a comunidades aledañas? ¿Debería el Estado proteger los intereses particulares de las comunidades como protege los intereses particulares de otros grupos poderosos?
El primero, el industrial, dice: “Las hidroeléctricas son buenas: generan energía limpia, traen trabajo y desarrollo a las zonas rurales. Los que se oponen a ellas, las comunidades manipuladas por oenegés financiadas por gobiernos extranjeros, rechazan el progreso, quieren mantenerse en la edad de piedra. El gobierno debe hacer todo lo posible, utilizar la fuerza si necesario, para impedir que ese grupito de bochincheros envidiosos ponga en peligro la propiedad privada de unos valerosos empresarios que arriesgan su capital en proyectos tan beneficiosos.”
El otro, el de las comunidades y las organizaciones sociales que las apoyan dice: “Las hidroeléctricas sólo traen destrucción y muerte. Las construyen maquiavélicas empresas transnacionales que ganan miles de millones explotando los recursos que nos pertenecen legítimamente, dejándonos miseria, contaminación, corrupción y división social. Son racistas, clasistas, violan a la Madre Tierra y quieren destruirnos como pueblo. Por eso decimos ¡sí a la vida, no a las hidroeléctricas!”
Quien quiera ir más allá de los eslóganes, se enfrentará a una realidad extraordinariamente compleja y difícil de asir. Pero la conflictividad social está en aumento, y los episodios de violencia ciega, como el de Santa Cruz Barillas, podrían irse multiplicando a lo largo y ancho del país. Por eso, resulta necesario intentar entender los conflictos más allá de la propaganda generada por ambos lados.
Plaza Pública exploró el caso Palo Viejo, una hidroeléctrica construida por la empresa italiana ENEL en el municipio de San Juan Cotzal, Quiché, que ha generado una férrea y eficaz oposición en las comunidades, en un reportaje dividido en dos partes.
De aldeas modelo a aldeas rebeldes
En toda la región ixil, en el Norte de Quiché, a siete horas de la Ciudad de Guatemala, las montañas majestuosas se han vestido de verde con las lluvias. Las milpas no tienen ni medio metro de alto. En las laderas, que más bien parecen acantilados, bosques frondosos y cultivos se disputan la tierra.
Una carretera de terracería sale de San Juan Cotzal y llega hasta la inmensa finca San Francisco, de 315 caballerías, propiedad de un temido terrateniente, Pedro Brol, conocido como el nuevo Tigre del Ixcán. Es allí donde, a partir del 2006 se empezó a construir la hidroeléctrica Palo Viejo. Recién inaugurada, ésta supuso una inversión de más de US$200 millones (Q1,560 millones). De 84 megavatios de potencia, funciona con el agua del río Cotzal y tres de sus afluentes: los ríos El Regadío, Chipal y Arrollo Escondido.
La carretera atraviesa las aldeas de San Felipe Chenlá y luego, Santa Avelina, 1,700 habitantes. Estas dos poblaciones fueron, en los años ochenta, aldeas modelo creadas y organizadas por el ejército para controlar a la población a la que no consideró guerrillera y perdonó la vida. La región ixil fue de las más golpeadas por la guerra y el genocidio, contabilizando 114 masacres contra civiles por parte de las fuerzas armadas y las patrullas de autodefensa civil. Hoy estas comunidades, que fueron aldeas modelo del ejército encabezan la lucha contra ENEL. Nos encontramos con dos de sus líderes destacados, los alcaldes indígenas Concepción Santay y Antonio Pérez Martínez.
Ambos están ansiosos por mostrar los estragos que, según ellos, la empresa ha causado, y en especial el nuevo aspecto del río Cotzal, después de que la hidroeléctrica lo haya desviado de su curso. Pero antes de adentrarnos más en este embrollo, quizás sea conveniente presentar a sus actores principales.
ENEL (Ente Nazionale per l'Energia Elettrica)
Este grupo italiano creado en 1962 es un coloso de la energía. Presente en 40 países, cuenta con 75,000 empleados. En el 2011, reportó ganancias por 4,1 mil millones de euros, por un volumen de negocios de 79,5 mil millones de euros (unos Q795 mil millones), 13 veces el presupuesto general del Estado de Guatemala. Al poder del dinero se agrega el de la política: el grupo, detentado en un 31% por el Estado italiano, cuenta con todo el respaldo de su gobierno y su diplomacia.
Filial del grupo, la empresa Enel Green Power (EGP) se dedica principalmente a la generación hidroeléctrica. Latinoamérica es una de sus principales regiones de inversión.
No es la primera vez que causa polémicas y conflictos con comunidades indígenas. En Chile, en la Patagonia, su megaproyecto HidroAysen inundará 5,900 hectáreas en territorios mapuches, lo que ha generado una intensa oposición nacional e internacional. En Panamá, las protestas contra el proyecto Barro Blanco desembocaron en mayo, en duros enfrentamientos entre indígenas ngabe bugle y fuerzas antimotines.
La recién inaugurada hidroeléctrica Palo Viejo es la quinta construida por Enel Green Power en Guatemala. Se agrega a las que ya tiene funcionando en Quetzaltenango y Baja Verapaz. De dimensiones más modestas, estas no generaron mayores problemas sociales.
Alcaldías indígenas de Cotzal, Chajul y Nebaj
Durante décadas, cuando el Estado no se asomaba nunca por la región ixil, las comunidades se rigieron por autoridades tradicionales como los Consejos de principales y las Alcaldías indígenas. Pero los 36 años de guerra y las masacres que sufrieron los ixiles, así como la implantación planificada de iglesias evangélicas, desbarataron estas formas de gobierno.
Al comienzo del siglo XXI, una organización llamada FundaMaya, dirigida por Pablo Ceto, ex-comandante del Ejército Guerrillero de los Pobres y ex-diputado por la URNG, impulsó la reactivación de las alcaldías indígenas en la zona ixil: Nebaj, Chajul y Cotzal. Para esto, se inspiró en el modelo tradicional que funciona en Chichicastenango y Sololá, pero con una diferencia: aquí serían políticamente activas, y no se limitarían a la esfera de las tradiciones, la espiritualidad y la mediación de pequeños conflictos entre personas. Tendrían un papel protagonista en lo que llaman “defensa del territorio”. Para esta reactivación, FundaMaya recibió fondos y asesorías del Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia. Rroma no sabía que, con el caso Palo Viejo, se enfrentaría a sí misma en una remota comarca centroamericana. O tal vez sí, si se toma en cuenta que los Estados no son monolíticos.
La actual administración municipal de San Juan Cotzal niega a las alcaldías indígenas cualquier legitimidad. “Llegó de fuera un tal Pablo Ceto, que es ex-comandante de la guerrilla, con la ideología de sembrar divisionismo en el pueblo de Cotzal. Y buscó a un grupito que le llamaron alcaldías indígenas. Que se autonombraron así. No es que la población haya elegido a ese grupito”, dice Domingo Córdoba, vicealcalde de Cotzal. Sin embargo, las alcaldías indígenas tienen una organización que abarca la mayor parte de los tres municipios ixiles. Su lucha contra ENEL les ha subido el perfil, y la empresa ha sido forzada a reconocerlas como interlocutoras válidas en las negociaciones. Además, las alcaldías indígenas han sido reconocidas como “legítimas e importantes autoridades locales” por la Corte de Constitucionalidad.
A las alcaldías indígenas las constituyen líderes de las comunidades, personas que han pasado por diversas responsabilidades: son o han sido miembros de los Consejos Comunitarios de Desarrollo, miembros de comités de tierra, regidores, alcaldes auxiliares o guías espirituales. No cuentan con el respaldo de una elección popular; tienen una trayectoria que los ampara.
Estos son los principales actores de un conflicto que empezó en el 2006, cuando ENEL instaló sus turbinas en la finca San Francisco. En el 2011, éste llegó a un punto álgido cuando las comunidades decidieron cerrarle el paso a los camiones de la empresa y paralizaron así, durante cuatro meses, las obras de construcción. Tras situaciones muy tensas, que implicaron órdenes de captura contra los líderes de la protesta y la concentración de cientos de efectivos policiales y militares para reabrir el paso, comunidades y empresa entablaron un diálogo que será objeto de la segunda parte de este reportaje. En esta primera, se contará algunos aspectos de la conflictividad social que están generando grandes proyectos energéticos como el de Palo Viejo.
Inversiones millonarias en zonas de extrema pobreza
¿Qué debería suceder cuando llegan unas inversiones, como la de ENEL, que sobrepasan los US$200 millones, a zonas en donde más del 80 por ciento de la población vive en la pobreza, y una tercera parte vive con menos de Q8 al día? “En la base de todas estas contradicciones, están los problemas estructurales del país: pobreza, desigualdad, inequidad, la acumulación de un lado y la invisibilización del otro. Mientras no se atiendan estos problemas, va a ser difícil encontrar puntos de encuentro,” afirma Raúl Maas, antropólogo, investigador del Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente (IARNA), de la Universidad Rafael Landívar.
Un vistazo a la situación del municipio San Juan Cotzal, de 26,000 habitantes, da una buena muestra de esto: según el Plan de Desarrollo Municipal 2011-2025 de Segeplan, el municipio es uno de los 63 en estado de vulnerabilidad alimentaria y con peor calidad de vida. Los ingresos del 83,90 por ciento de los hogares apenas llegan a Q1,200 mensuales, equivalentes a Q40 diarios para familias enteras. La tasa de analfabetismo alcanza el 41.61%.
¿Razón adicional para aceptar, e incluso celebrar la llegada de un proyecto industrial a la zona? No es tan simple.
Según datos de la empresa Enel, durante la fase de construcción, hoy concluida, empleó a 950 personas, entre las cuales, 350 obreros del área ixil. No todos los empleos fueron para la gente del lugar. Muchos trabajadores fueron traídos desde Alta Verapaz, según el alcalde indígena de Santa Avelina, Antonio Pérez Martínez. El opina que se debe a lo siguiente: “Cuando el ingeniero llama huevones, mulas o brutos a los obreros, los de aquí se molestan. Los Cobán no dicen nada, agachan la cabeza y siguen trabajando porque no hablan mucho español, solo q'eqchí'”.
El sueldo recibido por estos 350 obreros ixiles no les alcanza más que para el consumo diario, y al final de la construcción, ellos y sus familias se encuentran en la misma situación que antes. Durante la fase operativa de la planta, planificada para durar 50 años, la empresa sólo emplea a 32 personas, entre personal administrativo y técnicos. Son empleos cualificados en su mayoría, hoy en día fuera del alcance de los habitantes de la zona. Para la gente del lugar, un puñado de puestos disponibles: cocineras, algún ayudante de topógrafo, y poco más. La generación de empleo por parte de las empresas hidroeléctricas es, pues, prácticamente insignificante a largo plazo. La empresa asegura que su plan de responsabilidad social empleará a 120 personas del área ixil. Sin embargo, este plan, llamado Sumando Voluntades, no parece requerir de tanto personal a tiempo completo para su implementación.
Llegó la hidroeléctrica, llegó el progreso
En el Norte del Quiché, en donde operan ya dos grandes proyectos hidroeléctricos (Palo Viejo e HidroXacbal), y tres más están en fase de estudio, sólo 10 comunidades tienen acceso a la energía eléctrica, según Segeplan. Las demás 29 usan formas tradicionales de alumbrado, ocote, madera, candelas o candiles de kerosen, que ocasionan graves problemas de salud a las personas. “Para nosotros es una vergüenza, una burla que nos están haciendo. Generamos y no tenemos”, se queja Concepción Santay. Las empresas hidroeléctricas se defienden diciendo que ellas no distribuyen electricidad. Esa es tarea del Estado. Es cierto. Pero la paradoja sigue sin resolverse.
Un profesional que trabaja para un proyecto hidroeléctrico del área y no quiere que se publique su nombre, cuenta cómo aprovecharon algunas hidroeléctricas el deseo de las comunidades de tener electricidad, para tender sus interconexiones de alto voltaje. “Llegaban emisarios a las comunidades, y pedían permiso para construir las torres de los cables de alta tensión. La gente se alegraba, pensando que ya les llegaba la luz, y aceptaba de inmediato. Nadie de las empresas la sacaba del error. Resultado, las comunidades se encontraron con torres de 30 metros de alto, con esos cables que silban en la noche, y ellos siguen sin luz. Ahora ya saben y no se dejan. La interconexión de las plantas al sistema nacional se está convirtiendo en una pesadilla para las hidroeléctricas.”
Los que sí tienen luz en sus casas, también tienen su queja. Teniendo a la par una planta de 84 megavatios, sus facturas de electricidad llegan a Q50, Q60 u Q80 por utilizar un radio y tres bombillas. Las tarifas que impone en esta región Deocsa son escandalosamente altas comparado con lo que se paga en Ciudad de Guatemala. Si en la capital la factura por un consumo de 80 kWh asciende a unos Q85, en las comunidades del Norte del Quiché se paga hasta Q40 por un consumo de 3 o 4 kWh. Diez veces más caro.
Esta situación podría resolverse si el Estado y los generadores firmaran un convenio para que, en los municipios donde están implantados estos últimos, los habitantes tengan acceso a la electricidad, y ésta no cueste tanto. Según ENEL, el acceso a la energía eléctrica es para ella una prioridad, y asegura colaborar con el INDE en aspectos de logística y transporte, para hacerla llegar a las comunidades.
La luz no es la única carencia. Todos los servicios básicos son deficientes en esta región de la que el Estado se ha olvidado desde el final de la guerra, o desde antes de la guerra. Suena lógico que las comunidades no vean con buenos ojos la llegada de proyectos millonarios que, utilizando los recursos naturales que tradicionalmente han gestionado ellas, no responden a sus necesidades básicas. El Estado no exige a las empresas ninguna inversión a favor de las comunidades aledañas, y todo lo que pueden esperar estas últimas, es lo que voluntariamente decida cada hidroeléctrica.
Derecho a la consulta
Miguel de León Ceto, uno de los voceros de las comunidades indígenas en conflicto con ENEL, dice que “desde que se supo que iba a venir una empresa, se le pidió al alcalde que se hiciera la consulta comunitaria para que la gente se pronunciara, y ver si estaba a favor o si estaba en contra. Y eso nunca lo hubo. Nunca hubo consulta.”
ENEL afirma que el consultar a las poblaciones sobre sus proyectos es parte de sus prioridades. Agrega que en este caso, la consulta consistió en una reunión celebrada el 2 de mayo del 2006 con los líderes de los Consejos Comunitarios de Desarrollo. En esa reunión, todos firmaron un acta en la que aceptaban la presencia de la empresa.
Las alcaldías indígenas rechazan ese acuerdo, ya que fue obtenido, dicen, mediante una trampa del alcalde. “El alcalde Pérez Chen reunió a los Cocodes y a los alcaldes auxiliares y les dijo que les iba a dar proyectos, láminas, carretera, y se levantó un acta sobre estas promesas. Pero al final del acta había una frase que decía que estaban de acuerdo con la llegada de la empresa. Pero ese no era el objeto de la reunión. La reunión era para discutir de los proyectos, no de la llegada de ENEL. Entonces la gente dijo, si no firmamos, no nos dan láminas ni proyectos. Firmemos. La gente no vio la trampa,” protesta de León Ceto.
La Constitución ampara a las comunidades en su petición a ser consultadas sobre proyectos de este tipo que se asientan en los territorios que tradicionalmente han habitado. Guatemala firmó un convenio, el 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que tiene valor constitucional. En uno de sus artículos, el texto dice: “Los pueblos interesados deben tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural.”
Las consultas son un tema de preocupación para los generadores de energía de Guatemala. El cable de la embajada estadounidense 05GUATEMALA2250 revelado por WikiLeaks, relata una reunión, ocurrida el 7 de septiembre del 2005, entre funcionarios de dicha embajada y una delegación conformada por doce personas de la Asociación Nacional de Generadores (ANG). Según el cable, los generadores temen que las nuevas inversiones puedan ser frenadas o encarecidas por un sistema de consultas con las comunidades locales. “(Las consultas) permiten a la comunidad local opinar sobre inversiones para que no tengan impactos sociales, económicos o ambientales negativos. Los críticos ven las consultas como un medio para las comunidades locales de chantajear a los inversionistas. Compañías han sido amenazadas con consultas si no aportaban inversiones locales significativas e infraestructura. Hasta la fecha, ningún proyecto ha sido detenido por una consulta,” dicen los diplomáticos estadounidenses.
Todas las consultas populares que se han hecho hasta ahora, sin el aval del gobierno, han desembocado en rotundo “no” a todo proyecto hidroeléctrico o minero. Pero estas consultas no son consideradas como vinculantes por la Corte de Constitucionalidad.
Gustavo Porras, sociólogo, exguerrillero, exsecretario privado de la Presidencia y signatario de los Acuerdos de Paz, es ahora asesor de la ANG y considera que “la vinculancia es un atributo que sólo los entes producto de la soberanía popular pueden tener, porque si no, tú y yo hacemos una negociación, y lo que decidamos es obligatorio para todos los guatemaltecos. Esto es imposible. Además, en ningún lugar del convenio 169 dice que las consultas deban ser vinculantes, ni que deban tomar la forma de un plebiscito”.
Aunque en su artículo 7 el convenio 169 estipula: “Los pueblos interesados deben tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera”, en ningún momento menciona la palabra vinculante. Esto ha llevado ainterpretaciones muy diversas por parte de los juristas especializados y a una sentencia de la OIT contra la vinculancia de las consultas en un caso en Noruega, pues consideró que prevalecía el interés nacional.
Mientras no se defina una forma de consultar a las poblaciones, y de informarlas cabalmente para permitirles tomar una decisión razonada, el convenio 169 de la OIT permanecerá como letra muerta, para mayor beneficio de las empresas privadas que se instalen en las áreas indígenas, aunque en un limbo de legitimidad legal y social. Pero hay otro aspecto que vendría a dar una vuelta de tuerca adicional: el interés nacional.
¿Es legítimo que una comunidad pueda detener un proyecto de interés nacional, aunque el convenio 169 no habla de consultas vinculantes? ¿Es legítimo que empresas puedan seguir la tradición de comprar propiedades que incluyen ríos aunque dejen sin agua a comunidades aledañas? ¿Debería el Estado proteger los intereses particulares de las comunidades como protege los intereses particulares de otros grupos de guatemaltecos?
¿Daños materiales?
En el centro de Santa Avelina hay obras. Y un problema con los drenajes: las aguas servidas, en vez de bajar ladera abajo hacia el río por la tubería adecuada, salen por el patio de una casa y forman un arrollo fétido que atraviesa el poblado. Según el alcalde indígena, ENEL es la culpable. El paso constante de camiones pesados durante la construcción de la hidroeléctrica, argumenta, hizo que la carretera se hundiera, lo que desniveló los drenajes. Asegura que han pedido durante un año, tanto a la empresa como a la municipalidad de Cotzal, la reparación del daño, sin éxito.
No es el único daño material que le atribuye a la empresa. Hay, asegura, pozos que se han secado y casas rajadas por el paso de camiones, que además, han dañado los caminos. Otra queja, que se pudo escuchar varias veces, es más singular. Dicen que durante las obras, ENEL voló un cerro en el que anidaba una población de murciélagos vampiro. En consecuencia, estos mordieron muchos animales, sobre todo vacas, que eran parte del sustento de los habitantes. Por miedo a contraer el virus de la rabia, todos los animales mordidos fueron sacrificados. Llevan varios años pidiendo reparación por este hecho.
Queda fuera del alcance de Plaza Pública determinar si todos estos daños son reales y si son exclusiva responsabilidad de ENEL. Lo único que pudimos ver es el tamaño colosal de los camiones de la empresa constructora, y el lío que se forma cuando dos de estos se cruzan en la estrecha carretera. No parece insensato que el paso diario de cientos de estos camiones de este calibre haya traído algunas consecuencias negativas para las aldeas aledañas. Además, dos muchachos de Santa Avelina, Francisco Vázquez y Leonardo Ixcoy, fueron atropellados mortalmente en el 2010 por un camión de la constructora, sin que el caso llegara a la justicia.
ENEL admite que durante el proceso de construcción, se produjeron algunos daños materiales como tuberías rotas o paredes externas rajadas, pero que todos estos daños fueron o reparados o compensados económicamente a través de una mediación con la municipalidad y los jueces de paz. Esto lo niegan las comunidades. Lo cierto es que gran parte de la construcción se realizó cuando el alcalde de Cotzal era prófugo de la justicia, y por lo tanto, no podía mediar en ningún conflicto.
¿Daños ambientales?
Concepción Santay y Antonio Martínez muestran el lugar en donde el río Cotzal se estanca a causa del muro que corta su paso y sirve para canalizar el agua. Para llegar a ese lugar, hay que cruzar milpas y cafetales sembrados en una ladera muy empinada. En la frontera entre la aldea Santa Avelina y la finca San Francisco, el río que corría ligero entre las piedras se ha convertido en un pantano verdoso. Este año, por primera vez, el agua ha subido de nivel, cuatro metros, según las estimaciones de Concepción Santay, y ha invadido un trozo del barranco, propiedad de la comunidad. Los alcaldes temen que el agua socave las laderas y produzca deslaves que se lleven abajo los cultivos. Pero sobre todo, se quejan de que el agua haya invadido su propiedad.
Desde una altura cercana, se divisa parte de la obra de ENEL. Cortando el curso del río, hay un enorme muro de concreto de varios metros de ancho con dos aperturas que forman un embudo. Detrás del muro hay un canal, también de cemento, por el cual se deslizan las aguas del río Cotzal. Tiene más de catorce kilómetros de largo y llega a las turbinas de Palo Viejo. Estas aguas caen siguiendo una pendiente natural, mueven las turbinas de la planta, y vuelven al río Cotzal.
A un lado del canal de concreto, está el viejo cauce del río. Se supone que, por razones ecológicas, para no oponer una barrera a los peces migratorios, el río debería recibir continuamente un 20% del agua. Lo se ve es un hilo de agua por el que ni un barquito de papel podría navegar, y eso que ya es temporada de lluvia. Otra consecuencia nefasta, según Santay, es que el canal de cemento corta el paso de los animales del bosque. Al tratar de cruzarlo, caen y se ahogan. “Los trabajadores de la finca nos dicen que todos los días se recogen venados muertos, cochemontes y tepezcuintles.” La muerte de animales salvajes es rotundamente negada por ENEL.
Miguel de León Ceto asegura que, después del paso por las turbinas, las aguas vuelven al río revueltas con lodo, grasas y productos químicos. Que los peces han muerto, afirma. Durante la entrevista muestra una botella de Coca Cola repleta de agua sucia. Asegura que es agua recogida en el río Cotzal más allá de la hidroeléctrica. Aunque no pudimos observar el río después de su paso por la planta, estas alegaciones nos convencen menos ya que pudimos constatar que los desagües de Santa Avelina van a parar, sin tratamiento alguno, al río Cotzal. Todos los drenajes de las comunidades a la vera del río, y los del casco urbano de San Juan Cotzal, llegan al río. También vimos basureros clandestinos a la orilla de un río que desemboca en el Cotzal, muy cerca de la esplendorosa cascada de Santa Avelina.
Antes de la llegada de ENEL, el río Cotzal era ya un ecosistema dañado.
Por su parte, ENEL asegura que la generación hidreoeléctrica no requiere la utilización de químicos o grasas. Asegura operar un monitoreo constante de la calidad del agua, y que las aguas que retornan al río Cotzal son más limpias que río arriba.
El responsable de evaluar con rigor los posibles daños ambientales cometidos por las empresas es el Estado de Guatemala. Hasta ahora, no ha cumplido con esa obligación a cabalidad. Antes de empezar a construir una hidroeléctrica, las empresas deben redactar un estudio de impacto ambiental que es remitido al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Por ley, el MARN tiene cuarenta días, ni uno más, para evaluarlo y dar o no su visto bueno al proyecto. ¿De cuántos funcionarios dispone el MARN para leer estos informes? Sólo dos, según contrapartes del MARN. Dos personas, cuarenta días, para evaluar estudios extremadamente técnicos que en algunos casos pueden tener hasta 10,000 páginas. No sería ilógico pensar que hay estudios de impacto ambiental que no se leyeron completos antes de ser aprobados.
Pero no acaba allí. El seguimiento de la construcción y manejo de hidroeléctricas por parte del Estado es prácticamente nulo. En palabras de Raúl Maas: “para el gobierno, con que vengás a invertir es bueno. No importa lo que vengás a hacer”.
En materia de supervisión ambiental, el Estado es ciego y paralítico por voluntad propia. A esta práctica se le llama “dumping ecológico”: el país cuya legislación ambiental es más laxa, y cuyo sistema de monitoreo es menos eficiente, es el que tiene mayores oportunidades de atraer inversión extranjera. Cosa profundamente injusta puesto que los platos rotos no los pagan los funcionarios del gobierno o los diputados, sino las poblaciones que viven cerca de los proyectos.
División social, tensiones y amenazas
Personas cercanas a ENEL relatan que en el 2011, cuando las comunidades cerraron el paso a los camiones con destino a la finca San Francisco, la empresa se acercó a las comunidades del entorno y llegó a acuerdos con muchas de ellas para proveerles de techo mínimo, 16 láminas por familia. Estos acuerdos bilaterales eran una forma, argumentan, de rebajar la tensión y de honrar un compromiso anterior de la empresa.
Esta práctica es de las que mayor rechazo genera entre las alcaldías indígenas de Cotzal, que ven en esto un intento de dividir a las comunidades mediante regalos y promesas. Lo ven como una acción desleal destinada a impedir la organización de un frente de lucha. Lograr esa unidad es una operación harto complicada. Las aldeas Santa Avelina y San Felipe Chenlá están conformadas por ex guerrilleros, ex soldados, ex patrulleros. Hay iglesias evangélicas tradicionalmente opuestas a la organización social. Hay empleados de la hidroeléctrica que no quieren que se ponga en peligro sus empleos. Hay gente que, recordando la guerra, “no quiere meterse en problemas”. Hay comunidades enfrentadas por historias que vienen de muy lejos. Por eso, la cohesión lograda por las alcaldías indígenas de Nebaj, Cotzal y Chajul es algo tan frágil como difícil de obtener.
El ofrecimiento de láminas pone en serios aprietos a los líderes de las comunidades, quienes deben decidir, en nombre de todos, si aceptar o no el regalo. Rechazarlo los enfrenta inevitablemente a los pobladores que prefieren un beneficio inmediato y concreto a una larga lucha cuyos frutos pueden no llegar a darse. Ejemplo de esto, lo ocurrido en El Regadío, comunidad próxima a Uspantán en conflicto con la finca San Francisco por la propiedad de unas tierras y del nacimiento de un río que alimenta a la hidroeléctrica. Allí, la población, en protesta, colocó una talanquera que impedía el paso hacia la finca. Según Julio López Ventura, del Comité de Unidad Campesina (CUC), en el 2010, emisarios de la municipalidad de Uspantán lograron levantar la talanquera mediante el ofrecimiento de 10 láminas por familia. Esto trajo profundas enemistades dentro de la misma comunidad.
“Con la llegada de la empresa, papás, hermanos se pelean entre ellos. – Es que yo estoy de acuerdo. –Es que yo no estoy de acuerdo. La gente que está de acuerdo es porque le dan trabajo. Y tiene razón. Yo me pongo en su lugar: si me dieran trabajo, yo también lo defendería. Pero lo que está haciendo la empresa es manipular. Se aprovechan de nuestra pobreza,” dice Miguel de León Ceto. “Ellos llegan con un líder, una personas de las más destacadas y le dan un trabajo. A esos líderes ofrecen proyectos, una escuela, carretera, trabajo. Esta persona se encarga luego de aconsejar a las otras.”
Las amenazas, y el miedo a la criminalización, son también una preocupación constante entre las comunidades. Sería fantasioso imaginar a los funcionarios de ENEL, o de cualquier otra empresa hidroeléctrica, amenazando a los pobladores o contratando pistoleros. Pero un proyecto de estas características va tejiendo una red de intereses comunes con gente de muchos ámbitos. En el caso Palo Viejo, las comunidades, al enfrentarse a la transnacional italiana, se enfrentan también a la empresa constructora Solel Boneh, a Cementos Progreso, a los sucesivos alcaldes de Cotzal, a Pedro Brol, el temido terrateniente, a su poderosa milicia, a los empleados y contratistas locales de la empresa.
Los miedos no son imaginarios. El ex alcalde José Pérez Chen está enjuiciado por ordenar el linchamiento de un policía que defendía a su hijo, que había sido apresado injustamente por el alcalde, o las fuerzas de seguridad de la finca San Franciso –que parecen una milicia– han intimidado en repetidas ocasiones a la comunidad de El Regadío.
En San Juan Cotzal las cosas no han pasado a mayores, como en otras regiones del país. Aún así, Baltazar de la Cruz y Pedro Sambrano, dos de los líderes del movimiento, afirman haber sido amenazados de muerte por el alcalde Chen en persona en agosto del 2008. Un año más tarde, Baltazar de la Cruz fue detenido por un grupo de hombres armados e interrogado por el vicealcalde de Cotzal y el jefe de un grupo llamado “Seguridad Ciudadana”, Pedro Zacarías.
Rumores y desinformación
“Te voy a decir lo que yo pienso”, exclama Gustavo Porras, testigo de honor de ENEL en la negociación con las comunidades. “Desgraciadamente, mucha población está luchando contra un fantasma. Por ejemplo, lo de Barillas, en donde mucha gente piensa que no es una hidroeléctrica lo que se construye, sino una mina. O asume que los cableados de alta tensión producen cáncer, y entra en una oposición frontal cuando pudiera entrar en un proceso de negociación.”
Este reportero escribió, hace dos años, sobre el caso de un geólogo francés que llegó a Uspantán para estudiar la falla del Polochic, y ver si los terremotos que genera pudieran preverse mejor. Para su trabajo, el científico necesitaba cavar una zanja a orillas del río Chixoy. A gritos de “¡No a la minería, no a las hidroeléctricas!”, fue echado del área antes de la primer palada de tierra. Anécdotas de este tipo aparecen regularmente en la prensa. Muestran el grado de desinformación y de polarización creciente en las áreas rurales, pero no señalan todas las veces en que las comunidades han sido engañadas.
Los rumores corren mucho más rápido, en las comunidades, que la información fidedigna. Hablamos de comunidades en donde la mayoría de la gente está poco preparada para discriminar entre verdades, medias-verdades y absolutas mentiras. El caso en Sayaxché, Petén, entre comunidades y palma africana es otro ejemplo. Paradójicamente, todos los bandos dicen sufrir esta realidad, y sin duda, todos la fomentan cuando sienten que es útil para sus intereses. La desinformación es un arma poderosa muy utilizada en las áreas rurales. Entre los que afirman que los comunitarios están obligados por ley, a vender las tierras que interesan a las empresas privadas, o aseguran que las organizaciones sociales ganan millones a costa de las comunidades, y entre los que sostienen que las hidroeléctricas se quedan con el agua y secan los cultivos, encontramos muchas veces a una población desamparada, sin capacidad de elegir a conciencia su destino.
La falta de discernimiento para encarar racionalmente estas situaciones no es propia de las comunidades. Lo afirma un profesional, empleado por una hidroeléctrica. “Es increíble la ignorancia de los funcionarios de las empresas a nivel gerente. Desconocen todo de la vida en las comunidades. Les tienen miedo y no entienden nada de sus perspectivas, sus idiosincrasias. No son capaces de llevar adelante un diálogo intercultural.”
El Sí del No
Al contrario de lo que se dice en los medios de comunicación masivos, las comunidades indígenas no están en contra del progreso. Ni siquiera en contra de la generación hidroeléctrica. Como prueba, el puñado de pequeñas plantas generadoras comunitarias que se han construido en el área: la hidroeléctrica de Chel, que genera electricidad para más de dos mil personas; la hidroeléctrica de Batzchocolá, casi lista para brindar servicio a tres comunidades, y, en la Zona Reina, la planta recién inaugurada de la comunidad CPR (Comunidad de Población en Resistencia) 31 de Mayo.
Dice Julio López Ventura, del CUC, una de las organizaciones más activas en la lucha contra las empresas mineras e hidroeléctricas: “Las consultas realizadas mostraron un rechazo frontal hacia las hidroeléctricas, y es la reacción natural ante la llegada de algo extraño. Se dijo no a la imposición de un desarrollo extractivista, a la mercantilización de los recursos naturales y al que no se haya consultado a las comunidades. Pero yo soy de la idea de que hay que pensar en cuál sería el sí de ese no. Como comunidades, tenemos que ser más propositivos, y pensar en un modelo de utilización de los recursos que sí sería aceptable para nosotros.”
Monseñor Álvaro Ramazzini, obispo de Huehuetenango, opina: “por un lado, necesitamos inversión extranjera. Por otro, hay un clamor muy fuerte por que las comunidades indígenas sean partes activas en estos proyectos y obtengan un beneficio justo y equitativo. El Estado de Guatemala debe tomar muy en serio las reivindicaciones, y revisar sus pactos y convenios con las empresas transnacionales que se instalan en territorios indígenas para que la inversión extranjera no sólo se realice solo desde la perspectiva del mercado y el negocio.”
Opina Gustavo Porras: “Yo entiendo por qué a la gente le produce un impacto cuando se instalan empresas en territorios que han habitado siempre. Esto no había pasado nunca, y menos, empresas que es lógico que generen temor. De lo que depende que del limón se pueda hacer una limonada es que haya una buena conducción de la problemática. Que las comunidades obtengan los mayores beneficios, y que esos mayores beneficios sean definidos por la mayor cantidad posible de población. Si se logra, sale ganando Guate, porque la energía renovable es una prioridad, y sale ganando la población.”
El cambio de matriz energética, es decir, la producción de electricidad mediante recursos renovables propios como el agua, en vez de recursos importados como el carbón o el bunker podría ser de gran beneficio para el país, ya que dependería menos de los precios fluctuantes de estos combustibles. La hidroelectricidad podría aportar además, otros beneficios para las comunidades, como lo recuerda Raúl Maas, del IARNA: “Por ahora, el país es excedentario en agua: produce más de lo que consume. Pero con el cambio climático, esto va a cambiar. Por eso necesitamos infraestructura para cosechar agua, como embalses. Se podría multiplicar los usos que se le da a los cuerpos de agua artificiales, para que, además de generar electricidad, sirvan para regar cultivos, atraer turismo, algo que hasta ahora no se ha hecho. Se podría esperar que las comunidades se involucren en esos procesos.”
Aún así, no va a ser fácil resolver los conflictos entorno a las hidroeléctricas. En la segunda entrega de este reportaje, se hablará del diálogo que mantuvieron las autoridades ancestrales ixiles con la empresa ENEL. Diálogo que después del fracaso inicial está pronto a reanudarse.
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