La hidroeléctrica de ENEL, sus aliados poco ortodoxos y el diálogo (II)
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Hubiera podido ser un ejemplo de diálogo entre una empresa transnacional y comunidades indígenas. Hubiera podido ser el inicio de una relación transparente, respetuosa, con beneficios mutuos. El 2 de mayo del 2011, en la comunidad de San Felipe Chenlá, situada a unos quince minutos de San Juan Cotzal, ejecutivos de la empresa italiana ENEL se reunieron con voceros de las alcaldías indígenas de la región ixil para discutir de los beneficios que recibirían las comunidades por la construcción de la planta hidroeléctrica Palo Viejo.
“La empresa informó a las comunidades cuánto dinero trasladó a la municipalidad, compartió con la gente sus estados de cuenta y las transferencias hechas a la municipalidad, pero la municipalidad no respondió de la misma manera.”
La finca San Francisco, de la familia Brol, es bastante representativa de Guatemala. De los primeros cafetaleros de origen europeo, un ministro de la Revolución de Octubre, un asesinado por el EGP, cobijo de un destacamento acusado de masacres, niños trabajando en el siglo XXI, explotación laboral y dueños de casi todo Cotzal.
Como testigos de honor que acompañarían el proceso, las comunidades eligieron a Álvaro Ramazzini, ahora obispo de Huehuetenango, y a Vitalino Similox, secretario del Concejo Ecuménico. Por su parte, la empresa eligió a Gustavo Porras, consultor, sociólogo, ex secretario de la Presidencia, ex guerrillero y signatario de los Acuerdos de Paz.
Con tan prestigiosos testigos, con la aparente voluntad de las partes por llegar a un acuerdo, todo parecía encauzado hacia un éxito sin precedentes en la historia reciente de Guatemala: que las comunidades, por medio de sus voceros, dieran el visto bueno a una hidroeléctrica, quien, a su vez, se comprometería a contribuir significativamente al desarrollo de la zona. No fue así. Dos visiones siguen irreconciliables mientras la conflictividad social en las áreas rurales sigue en aumento.
En la primera parte de este reportaje, Plaza Pública presentó los orígenes de éste y otros conflictos entre comunidades y empresas hidroeléctricas.
ENEL llega a San Juan Cotzal
Todo empezó cuando el precio del café se desplomó en todo el mundo a principios de este siglo. Grandes cafetaleros de la región ixil, los Brol de la finca San Francisco y los Arenas de la finca La Perla, empezaron a buscar nuevas fuentes de ingreso, y le pusieron el ojo a los ríos que cruzan sus dominios, de 315 caballerías, que representan 141 kilómetros cuadrados de los 182 kilómetros cuadrados que tiene Cotzal.
Fue así como nacieron los dos grandes proyectos hidroeléctricos de la zona: HidroXacbal, construido por una empresa hondureña en la finca de los Arenas, y Palo Viejo, asentada en la finca de Pedro Brol. Este último fue quien obtuvo la licencia por parte del Ministerio de Energía y Minas. Pronto vio Brol que tendría que asociarse con un profesional del sector. ENEL entró en escena. Según información de las alcaldías indígenas, que no confirmó ni negó ENEL, Pedro Brol arrendó por US$3.36 millones un lote de la finca San Francisco, y ENEL le otorgó a Brol una participación de 8.5% en el proyecto.
En el 2008, ENEL intentó resguardarse de los problemas sociales que surgen cuando llega una hidroeléctrica a una zona indígena. Para esto, firmó con la municipalidad de Cotzal un convenio de cooperación voluntaria en el que se comprometía a llevar a cabo por 20 años proyectos de utilidad social. Ese acuerdo definía una lista de obras y proyectos a realizar por la municipalidad, con financiamiento de ENEL. El acuerdo fue firmado por el alcalde José Pérez Chen, los alcaldes auxiliares y varios Consejos Comunitarios de Desarrollo del municipio. Sin embargo, las alcaldías indígenas del municipio rechazan ese documento, ya que, según ellas, las firmas de los alcaldes auxiliares y de los COCODES se obtuvieron gracias a un engaño del alcalde. Agregan que las comunidades nunca fueron consultadas ni informadas de los que se estaba construyendo en la finca San Francisco.
ENEL afirma haber invertido US$5,4 millones en actividades de responsabilidad social: US$500 mil en láminas de zinc, US$450 mil en proyectos educativos y 300 mil en proyectos arqueológicos. No detalla cómo se invirtieron los US$4,15 millones restantes, pero dice haber realizado también mejoras a la infraestructura vial. Las autoridades indígenas, por su parte, afirman que la mayor parte del gasto consistió en una carretera alterna que rodea San Juan Cotzal, ya que los camiones de la empresa no pueden pasar por las estrechas calles de esa población. De todos los proyectos prometidos por la empresa y el exalcalde José Pérez Chen, sólo tres escuelas llegaron a materializarse, agregan las autoridades indígenas.
Según las autoridades indígenas, a principios del 2010 funcionarios de ENEL les informaron del convenio con la municipalidad, y les dijeron que habían realizado tres pagos, uno por año, de Q800,000 a la municipalidad de Cotzal. Fuentes de la municipalidad aseguran que solo se registraron dos pagos. No está claro cuánto pagó ENEL por la licencia de construcción y cuánto ingresó la municipalidad. El ex alcalde Pérez Chen dejó a la municipalidad una deuda millonaria que aún se está auditando, que definirá en una primera instancia –antes de los tribunales– a cuánto ascenderán las acusaciones de corrupción.
Se intentó obtener la versión de ENEL sobre esto, pero fue imposible. Plaza Pública intentó primero entrevistar a Oswaldo Smith, gerente de ENEL Guatemala, pero este no obtuvo el permiso por parte de la casa matriz. Se llegó a un acuerdo: Plaza Pública enviaría dos grupos de preguntas, uno para cada artículo, que serían contestados en Italia por funcionarios de ENEL. El primer grupo fue contestado en su totalidad. En cambio, no se obtuvo ninguna respuesta al segundo grupo, que trataba, entre otras cosas, del financiamiento que ENEL brindó a la municipalidad de Cotzal.
Personas en el entorno de Enel admiten que “la municipalidad no fue clara en el uso de los recursos.” Agregan que “la empresa informó a las comunidades cuánto dinero trasladó a la municipalidad, compartió con la gente sus estados de cuenta y las transferencias hechas a la municipalidad, pero la municipalidad no respondió de la misma manera.”
El caso es que, gracias a los financiamientos de ENEL la municipalidad, el alcalde Pérez Chen se convirtió en su mejor aliado. En el entorno de ENEL afirman que no pueden hacer pagos sino a una institución democrática, pública, como la municipalidad. El jefe edil cedió terrenos de la municipalidad para construir la carretera alterna, y, según las alcaldías indígenas, defendió con violencia los intereses de la empresa. Baltazar de la Cruz y Pedro Sambrano, dos de los líderes del movimiento de oposición a la hidroeléctrica, afirman haber sido amenazados de muerte por el alcalde Pérez Chen en agosto del 2008. Un año más tarde, el mismo Baltazar de la Cruz fue detenido por un grupo de hombres armados e interrogado por el entonces vicealcalde de Cotzal y por el jefe de un grupo llamado “Seguridad Ciudadana”. Este grupo, comandado por Pérez Chen, cometió muchos atropellos y actos de barbarie que culminaron, en el 2010, en el linchamiento de un policía.
Otro ejemplo de esta relación gana-gana entre la empresa y Pérez Chen pudo verse el 15 de marzo de 2009, cuando dos jóvenes de la aldea de Santa Avelina fueron atropellados fatalmente por un camión de la constructora, que se dirigía a la finca San Francisco. Según la alcaldía indígena de Santa Avelina, Pérez Chen negoció con los familiares de los fallecidos para que no presentaran cargos a cambio de una fuerte suma de dinero. Y ciertamente, no hubo denuncia.
A principios del 2010, José Pérez Chen cayó, por su responsabilidad en el linchamiento del policía. El grupo “Seguridad Ciudadana”, fundado por el alcalde, se encargaba de administrar lo que ellos llamaban “justicia maya”. Significaba esto golpear públicamente, en la plaza central, a los jóvenes capturados por tener “aspecto de mareros”. Según testigos, el 1 de noviembre del 2009, el hijo de un policía cuyo aspecto era más bien de emo o de rockero, fue aprehendido por dicha agrupación, y después de un corte de pelo público y unos azotes, fue conducido a la cárcel de Cotzal. El padre del muchacho, el policía Pedro Rodríguez Toma, llegó a protestar, y en respuesta, fue torturado, rociado con gasolina y quemado en la plaza de Cotzal, según la acusación del Ministerio Público, por orden del alcalde. Pérez Chen tuvo que huir, y, durante dos años, la municipalidad quedó huérfana. Fue capturado en julio del 2011.
Cuando un proyecto industrial decide instalarse en un municipio, debe entablar conversaciones con el alcalde y su concejo municipal, sea cual sea su reputación. No se puede marginar a las autoridades locales electas democráticamente. Sin embargo, el convenio establecido entre ENEL y la municipalidad para el financiamiento de proyectos era un acto voluntario por parte de la empresa. El otorgar generosos financiamientos a una municipalidad sobre la cual pesan graves sospechas de corrupción y violación a los derechos humanos, es una práctica contraria a los principios del Pacto Mundial (Global Compact), una iniciativa promovida por Naciones Unidas, en la cual las empresas se comprometen a alinear sus estrategias y operaciones con diez principios universalmente aceptados en cuatro áreas temáticas, entre las cuales están derechos humanos y anti-corrupción. ENEL firmó ese pacto en el 2004. Sobre la contradicción entre dar pagos a una institución pública, pero con acusaciones de corrupción no se pudo obtener la versión de ENEL.
Pedro Brol, la finca San Francisco, explotación y niños trabajando
El otro importante aliado local de ENEL ha sido y sigue siendo Pedro Brol, dueño de la finca San Francisco en donde está asentada la hidroeléctrica. Es conocido como el Nuevo Tigre del Ixcán. O más bien es socio accionista. Esta alianza explica parte de la animadversión que se ha granjeado la transnacional entre las comunidades.
La historia de los Brol se entremezcla con más de cien años de historia de los municipios ixiles, y es bastante representativa del siglo XX de Guatemala.
Empieza con la llegada a la zona del primer Pedro Brol –de origen italiano–, en plena revolución cafetalera-liberal a principios del siglo XX. En ese tiempo, mediante distintos subterfugios legales, colonos blancos o mestizos lograron despojar a los cotzaleños –como al resto del Altiplano– de las tierras más fértiles. Más de la mitad de la superficie del municipio cayó en manos de terratenientes como los Brol. La finca San Francisco cuenta hoy con 315 caballerías, equivalentes a 141 kilómetros cuadrados (0,13% del territorio nacional), dedicadas esencialmente al cultivo del café. Está asentada entre los municipios de Uspantán y San Juan Cotzal.
La finca San Francisco jugó un papel importante en el siglo XX de Guatemala. En la Reforma Liberal fueron cafetaleros europeos que recibieron tierra e indígenas a cambio de invertir capital. En la Revolución de Octubre de 1944, Nicolás Brol, tío de los dueños actuales, fue el Ministro de Agricultura del presidente Jacobo Árbenz y aprobó la expropiación de fincas de sus propios familiares. Y el apellido Brol aparece en varios libros sobre el conflicto armado interno, como “Me llamo Rigoberta Menchú, y así me nació la conciencia”, y “Mujeres en la alborada” de Yolanda Colom, asociado con graves violaciones a los derechos humanos, explotación y despojo de tierras, así como “Entre dos fuegos”, de David Stoll.
Enrique Brol, padre del Pedro Brol actual, fue asesinado el 21 de enero de 1979 por el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), que tuvo sus orígenes en el Norte de Quiché. Durante la guerra, en la finca San Francisco, se asentó un destacamento militar responsable de decenas de masacres, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas, reportadas por la Comisión de Esclarecimiento Histórico. Líderes de las comunidades de Cotzal participaron en la fundación del Comité de Unidad Campesina (CUC) y participaron en la denuncia de las masacres que terminó en la toma de la Embajada de España el 31 de enero de 1980, posteriormente quemada por las fuerzas de seguridad.
Treinta años después, en las comunidades de San Juan Cotzal en conflicto con ENEL, no se reportan casos de violencia ejercidos por la seguridad o milicia de la finca San Francisco. En cambio, sí se han reportado casos en la comunidad El Regadío, situada en Uspantán, en donde la población mantiene un conflicto con Pedro Brol por la tenencia de unas tierras y del nacimiento de uno de los ríos que alimentan la hidroeléctrica. Según miembros del CUC, además de múltiples amenazas e intimidaciones, el 13 de febrero del 2011, el cuerpo paramilitar de la familia Brol desmanteló las champas y destruyó más de 80 manzanas de milpa y frijol. No hay una denuncia en el MP, pero el caso está en la mesa de diálogo entre organizaciones campesinas y el Gobierno.
Para este reportaje, se intentó visitar la hidroeléctrica Palo Viejo. Desde la empresa de comunicación que trabaja para ENEL, Burson Masteller, se había negado el acceso por “razones de seguridad industrial”. Pero decidimos intentarlo. Llegamos así hasta la garita de control situada en la entrada del casco urbano de la finca San Francisco. Nos identificamos, explicamos la razón de nuestra visita. Después de 20 minutos de espera, nos negaron la entrada a la hidroeléctrica.
Pedimos entonces entrevistar a Pedro Brol. Esperamos otros 20 minutos, durante los cuales los guardias no cesaron de comunicarse mediante radios. De repente, un helicóptero apareció, dio un gran giro alrededor de nosotros, pasó en vuelo rasante encima del vehículo, y finalmente, fue a posarse fuera del alcance de nuestra vista. Dos minutos después, nos autorizaban el acceso.
Durante nuestra breve estadía en la finca San Francisco, vimos un trozo de Guatemala que se ha detenido en el tiempo, en la época de Jorge Ubico o Justo Rufino Barrios. Una reproducción, o una maqueta con todos los atributos de la Guatemala liberal entre 1871 y 1943. A un lado de la garita, los galpones en donde, durante la cosecha del café, se apretujan a ras del suelo los trabajadores temporales, la mayoría indígenas de Alta Verapaz. Esos barracones, gallineros insalubres abiertos a la intemperie y a las plagas, no tienen el menor servicio básico.
El casco urbano está compuesto esencialmente por casas extremadamente humildes, muchas sin luz eléctrica, con suelo de tierra y láminas carcomidas. Son las de los mozos colonos de la finca. Hay niños descalzos por doquier. 120 familias ixiles viven en la miseria en este poblado, a las que se agregan las que conforman las nueve comunidades dentro de la finca.
Aparece una cuadrilla de niños sudorosos, de entre diez y catorce años, cada uno con su machete. Es medio día y han terminado su media jornada de trabajo. Por la tarde, a pesar del cansancio, irán a estudiar a una escuela muy pobre, que solo cuenta con 3 maestros para 6 grados. Alguien que visitó la finca y habló con sus pobladores cuenta que el salario de los trabajadores es de Q35, cuando el salario mínimo rural es de Q67. Los niños, por media jornada, cobran la mitad, Q17.50.
Hay una iglesia evangélica y una iglesia católica. Esta última es sencilla, pero cuenta con imágenes de santos de excelente factura, talladas en madera. De ser originales, podrían formar parte de una finísima colección de arte colonial. Sorprende verlas allí. Alguien busca comprar una finca en el cielo.
Hay un par de tiendas, en donde los productos básicos son más caros que en las tiendas de Nebaj. Otra muestra de este sistema semifeudal: si un joven decide ir a trabajar fuera de la finca, no tiene derecho a volver. El conjunto recuerda a esas novelas rusas de la época del Zar, en donde la riqueza de un terrateniente se mide con el número de almas, de siervos, que posee.
Seguimos avanzando hacia el lugar que nos han indicado, y llegamos al lugar de residencia de la reducida clase media de la finca: una calle asfaltada, la única, bordeada por pequeñas casas, todas iguales, de color amarillo y techo rojo. Allí vive, sin mayores lujos, el sector privilegiado de la finca.
Enfrente, una reja inmensa resguardada por varios hombres armados hasta los dientes. Detrás de esa reja, la mansión de los Brol. Es inmensa, ostentosa, con buen gusto antigüeño, con sus rejas de forja en las ventanas y tejas en el techo. Es un poderoso símbolo de poder. Una hermosa fuente le da carácter a la amplia explanada frente a la mansión.
Para sostener la sociedad ubiquista o decimonónica de la finca San Francisco, hay una imponente milicia. Presenta una particular jerarquía militar. Los guardias con uniforme, señores de baja estatura, aspecto humilde, sonrientes, portan escopetas recortadas. Vestidos de civil y armados con carabinas 22 que lucen nuevas, un gran número jóvenes atléticos vigila cada esquina del caserío. También de civil, hombres fuertes de aspecto patibulario patrullan cerca de la mansión de los Brol luciendo fusiles de asalto. Llevan varios cargadores a la espalda, nunca se sabe. Distinguimos un AK-47 y un M16 con mira telescópica, armas que los civiles no tienen derecho a portar en Guatemala.
Pistola y dos cargadores al cincho, nos recibe Enrique Brol, hijo de Pedro Brol. Incómodo, molesto por la inoportuna presencia de periodistas, prefiere no contestar a la preguntas. Nos pide que esperemos a “su señor padre”. Esperamos una hora más, y finalmente, Pedro Brol, por medio del administrador de la finca, rechaza la entrevista. Abandonamos la finca San Francisco. Posteriormente, se intentó entrevistar a Pedro Brol por medio de su abogado, Jorge Sactic. “Don Pedro Brol no otorga entrevistas porque ha sido calumniado muchas veces”, fue la respuesta.
Los funcionarios de ENEL que hayan visitado la finca San Francisco, no pueden ignorar las prácticas laborales que allí se practican, el trabajo infantil, la miseria de los mozos colonos, la presencia ubicua de una poderosa fuerza paramilitar. El Pacto Global al que se asoció la transnacional italiana indica que los colaboradores y socios de las empresas comprometidas, también deben respetar los principios de respeto a los derechos humanos. Pero más allá de los pactos voluntarios, la presencia de ENEL en esta finca, deja vacíos de contenido sus discursos sobre la conciencia social, los códigos de buena conducta, la inversión responsable.
Aparecen las alcaldías indígenas
Con la caída de Pérez Chen, la municipalidad de Cotzal dejó de existir a efectos prácticos. Esto permitió, según el entorno de ENEL, el empoderamiento del grupo llamado Alcaldías Indígenas. Desde ese momento, las también llamadas Autoridades Ancestrales liderarían la lucha contra ENEL, en estrecha coordinación con una ONG llamada FundaMaya, dirigida por el ex-comandante guerrillero y ex-diputado por la URNG, Pablo Ceto.
Las autoridades ancestrales Ixiles, fueron desbaratadas durante el largo periodo de violencia que sufrió Guatemala. En el 2008, con el impulso de FundaMaya y la ayuda de la cooperación italiana, fueron reactivadas en Nebaj, Chajul y Cotzal bajo la forma de alcaldías indígenas.
El 3 de enero del 2011, el conflicto llegó a su punto álgido cuando las comunidades cerraron el paso por la carretera a todos los vehículos con destino a la finca San Francisco. Tres meses después, ENEL buscó apoyo en el Sistema Judicial. Hizo denuncias en contra de los líderes de la protesta. Se giró además una orden de desalojo, y el 18 de marzo de 2011, 500 policías y soldados entraron a San Felipe Chenla, causando pánico en la comunidad. Sin embargo, no pusieron fin al bloqueo de la carretera, por un malentendido de tipo legal o por la fuerte movilización de la población, según las versiones venidas desde ambos lados.
¿Negociación bajo amenaza?
El 2 de mayo, ENEL tramitó una nueva orden de desalojo, y a la vez, se acercó a las comunidades para entablar negociaciones. Según las alcaldías indígenas, 700 efectivos de la policía se concentraron en Nebaj, con orden de intervenir si no se encontraba una salida al conflicto. En palabras de Miguel de León Ceto, vocero de las comunidades y miembro de FundaMaya: “Para nosotros era una situación muy tensa. Aceptábamos sentarnos con ellos, o nos mandaban a los policías. La gente estaba dispuesta a enfrentárseles, pero eso significaba muertos y heridos, y cárcel para nosotros. Por eso aceptamos el diálogo.” Según el entorno de ENEL, la presencia de contingentes policiales en Nebaj fue un rumor que corrió por las comunidades.
Rumor o no, se levantó la talanquera. ENEL pudo seguir la construcción de Palo Viejo a la vez que discutía con las comunidades las bases de la negociación. En estas, ENEL reconoció a las alcaldías indígenas y autoridades ancestrales como representantes legítimos de las comunidades, mientras que las comunidades reconocieron a ENEL Guatemala como una sociedad legalmente establecida en el país.
Las mesa de negociaciones estuvo conformada por nueve voceros de las comunidades y dos ejecutivos de la EGP (Enel Green Power). Como testigos de honor, la empresa escogió a Gustavo Porras, asesor, entre otros, de la Asociación Nacional de Generadores y ex miembro del EGP (Ejército guerrillero de los Pobres) y las comunidades, a Monseñor Álvaro Ramazzini y a Victorino Similox, Secretario General del Concejo Ecuménico Cristiano de Guatemala.
Primeros escollos
Según Monseñor Álvaro Ramazzini, el encuentro fue dominado por el respeto mutuo. “Ambas partes tenían la voluntad de llegar a un acuerdo. No hubo agresiones verbales ni actos de agresividad.” Sin embargo, empresa y comunidades no lograron ponerse de acuerdo en nada.
Las negociaciones tuvieron lugar en un salón de la escuela de San Felipe Chenlá. Allí se congregaron nueve voceros de las comunidades indígenas, y varios representantes de cada una de estas, sumando más de cien personas. ENEL, por su parte, tenía a dos funcionarios y una asesora. Había una mesa para los testigos de honor, y otra mesa destinada a los observadores, entre los cuales, muchos periodistas afines a las comunidades. Unas bocinas permitían a los numerosos pobladores que se congregaron en la cancha de básquetbol de la escuela, escuchar lo que se decía en el salón.
“Bajo estas condiciones, era imposible negociar”, aseguran desde el entorno de ENEL. La presencia de la comunidad rodeando a la escuela es, sin duda, una condición de diálogo a la que ninguna empresa está acostumbrada. ENEL pidió reiteradamente que las negociaciones se realizaran a puerta cerrada en un terreno neutral, con un limitado número de representantes de las comunidades. Miguel de León Ceto explica su rechazo absoluto a estas propuestas: “A nosotros, como indígenas, no nos gusta hacer las cosas en secreto. Una de las principales razones por las cuales queríamos un diálogo público y abierto, era para que la gente no sintiera que estábamos pactando a espaldas de ella, sin el conocimiento de ella.”
Cuando ENEL quiso dar una prueba de buena fe, en la forma de un importante lote de láminas, la discusión se entrampó porque la empresa sólo contemplaba repartirlas entre las comunidades dentro del área de influencia que ella definió. Las comunidades rechazaron esto tajantemente. “No conocemos área de influencia, sólo conocemos Cotzal. El beneficiario tiene que ser Cotzal porque ninguna comunidad tiene potestad sobre los ríos,” protestó De León Ceto. Nunca se llegó a un acuerdo.
Sumando voluntades
Lo que definitivamente hirió de muerte el proceso de diálogo, fueron las propuestas de cada parte para repartir algo de los beneficios generados por la hidroeléctrica. ENEL puso sobre la mesa un plan de responsabilidad social corporativa llamado “Sumando Voluntades”.
Este plan propone, entre otras cosas, la creación de un instituto técnico en San Juan Cotzal en el que se impartirán dos cursos técnicos, en colaboración con el Intecap. Además, ofrece 15 microcréditos, 6 capacitaciones y 5 becas anuales para estudiantes a nivel técnico. Se agregan un programa educativo llamado “Juguemos a la energía”, tres proyectos de reforestación anuales y dos viveros forestales.
El plan se basa en ocho principios. El séptimo, “voluntariedad”, es de especial relevancia, ya que estipula que “Sumando Voluntades” se funda en una “decisión propia y libre” de la empresa en “contribuir con el desarrollo del municipio”. Buena parte de la conflictividad rural se genera a partir de esta “voluntariedad”. En los convenios entre el Estado y las empresas generadoras, no hay ninguna disposición que obligue a estas últimas invertir un porcentaje de su inversión en programas sociales para las comunidades aledañas. Por lo tanto, las empresas deciden cómo y cuánto invierten en sus planes de responsabilidad social.
De León Ceto, durante una sesión del dialogo, lamentó: “Ustedes llegan como Dios, porque ustedes son los que nos vienen a regalar el dulce”. Baltasar de la Cruz, también de las alcaldías indígenas, se quejó de que la empresa les ofreciera un proyecto de desarrollo sin haberlos consultado sobre su visión del desarrollo.
Álvaro Ramazzini opina: “Por una parte están los intereses de la empresa. Es lógico, que, puesto que ellos vinieron a hacer negocios, puedan recuperar la inversión y ganar dinero. Esto choca con los intereses de las comunidades indígenas que, con razón, quieren una parte justa y equitativa del beneficio económico de esta actividad, y que esto no se haga por imposición, según lo que crea la empresa que significa ayudar a las comunidades. Allí es donde aún no hemos encontrado el punto de encuentro.”
20 por ciento, más Q8 millones
La propuesta “Sumando Voluntades” fue rechazada por las comunidades. ENEL pidió entonces que las comunidades ofrecieran una contrapropuesta con su propia visión del desarrollo. Lo que obtuvo fue un planteamiento que las alcaldías indígenas declararon innegociable, un piso, un monto mínimo: pidieron recibir el 20 por ciento del valor de la energía producida, y una indemnización de Q8 millones anuales por “los daños y perjuicios materiales, culturales y sociales causados por la hidroeléctrica Palo Viejo”.
Estas demandas fueron rápidamente rechazadas por ENEL. En primer lugar, por el monto elevadísimo de la exigencia.
La empresa no ha hecho público cuánto dinero espera generar con Palo Viejo. Pero se puede hacer una estimación. ENEL asegura que Palo Viejo generará 370 millones kWh por año. Cruzando este dato con el precio promedio del kWh ofertado por las empresas generadoras en la última licitación de la CNEE (Comisión Nacional de la Energía Eléctrica), Q0.80 por kWh, se puede inferir que ENEL ingresará alrededor de Q296 millones al año. 20% de esta cifra, más ocho millones “por daños” equivale a unos Q68 millones anuales, unas tres veces el presupuesto de la municipalidad de San Juan Cotzal.
ENEL, afirma que el beneficio que obtendrá con el proyecto Palo Viejo se sitúa alrededor del 12% de la inversión. Según datos obtenidos independientemente por Plaza Pública, el margen de ganancia de una hidroeléctrica oscila entre 15 y 20 por ciento. Si se acepta la cifra de ENEL, sus ganancias se elevarían, según esta estimación, a casi Q36 millones al año. Como dice Gustavo Porras, las demandas de las comunidades equivalen “pedirle a una empresa que vaya a invertir para perder.”
No todo el problema radica en el monto de la demanda. Las alcaldías indígenas confiesan haber planteado ese porcentaje al calor de la lucha, sin un estudio previo, y que están dispuestas a revisarlo si ENEL logra convencerlas de que es exagerado. Pidieron una contrapropuesta en términos de porcentajes que nunca recibieron. Pidieron que se les aceptara como accionistas del proyecto, y también les dijeron que no, a no ser que invirtieran un importante capital.
Hay varias razones por las cuales ENEL ni siquiera aceptó hablar de porcentajes. Una de estas es la propiedad de los recursos. Las comunidades afirman que son suyos ya que ellos siempre han administrado el agua, y los bosques que generan el agua. Pero desde el punto de vista legal, los recursos hídricos son de dominio público, y por lo tanto, sólo pueden ser usufructuados mediante una licencia que el Estado otorga. Por lo tanto, pagar un porcentaje por los recursos equivaldría, para la empresa, que haya una autoridad paralela a la del Estado.
Por otra parte, la empresa afirma que no puede negociar sobre porcentajes con un grupo, las alcaldías indígenas, cuya institucionalidad no es reconocida por el Estado de Guatemala. “Si le das a un grupo de vecinos que se nombran autoridades ancestrales, equis cantidad de millones, estas crean un poder paralelo al de la municipalidad. Contribuyes así al debilitamiento de una institucionalidad que ya es bastante débil”, explican personas cercanas a ENEL. En cuanto a este último punto, De León Ceto replica: “El dinero tiene que pasar por la municipalidad. Vamos a actuar y coordinar con la municipalidad. La municipalidad tendrá que tener el control de cómo invertimos el dinero.”
Hay una tercera razón de mucho peso para la empresa. Si, por Palo Viejo, la empresa acepta desprenderse de un porcentaje en favor de la población local, ¿qué pasará en las 650 plantas que controla Enel Green Power en el mundo? Probablemente, las poblaciones alrededor de estas hidroeléctricas exigirían el mismo beneficio, y eso, la empresa no lo puede permitir. También sería un antecedente preocupante para todas las empresas generadoras que operan en Guatemala, a las que se les podría exigir lo mismo.
¿Estrategia de las comunidades indígenas?
Sorprende que las demandas de las comunidades sean tan elevadas. Hablando con varios líderes comunitarios, se llega a la conclusión de que no saben a cuánto se eleva su demanda, y que ni siquiera les queda claro si están pidiendo el 20 por ciento de las ganancias de ENEL o el 20 por ciento del valor de la energía producida. Los documentos publicados por las alcaldías indígenas indican claramente que se trata de la segunda opción.
Las alcaldías indígenas están asesoradas por una ONG llamada FundaMaya dirigida por Pablo Ceto. Habiendo sido comandante guerrillero y diputado, de ninguna manera puede pretextar ingenuidad financiera. FundaMaya no puede ignorar que lo que le exigen a la empresa está muy por encima de lo que esta podría pagar.
Podría haber una estrategia por parte de FundaMaya de bloquear la negociación con ENEL. Una persona cercana a esta ONG afirma que el caso ENEL “ha sido un pretexto para levantar, a raíz de un problema, un proceso organizativo comunitario”. Otra persona cercana al movimiento afirma que una de las inquietudes de FundaMaya es que, alcanzar acuerdos con ENEL con beneficios modestos para las comunidades, podría desembocar en una desmovilización de la gente. Otra indicación, quizás, sobre este miedo a la desmovilización, es la agresividad de los comunicados y documentos publicados por las alcaldías indígenas. Se acusa a ENEL, entre otras muchas cosas, fundadas o no, de ser racista, cuando es obvio que el accionar de esta empresa capitalista no sería muy distinto frente a comunidades piamontesas o calabresas. Esta actitud parece en contradicción con la voluntad de negociar afirmada.
En la región ixil, los proyectos hidroeléctricos y mineros están en pleno auge, y los convenios entre Estado y empresas siguen siendo muy favorables a estas últimas, y siguen marginando a las comunidades. Por lo tanto, desde FundaMaya, se ve la necesidad de seguir en la lucha en todo el territorio. Por ejemplo, un nuevo conflicto se está encendiendo con la construcción inminente de la hidroeléctrica La Vega 1, por la empresa guatemalteca Hidroxil. También utilizará las aguas del río Cotzal, pero a la altura de la comunidad de Sumalito, perteneciente a Nebaj.
Próximos rounds de negociación
Después de varios meses, las autoridades ancestrales y la empresa ENEL están próximas a reanudar el diálogo, siempre en compañía de sus testigos de honor.
Álvaro Ramazzini confía en que esta vez, se logre un acuerdo: “soy optimista por naturaleza”. Pero otros, tanto en el entorno de ENEL como entre las alcaldías indígenas, temen volverse a encontrar con los mismos puntos de bloqueo.
Sin embargo, la situación ha cambiado, y no a favor de las alcaldías indígenas. Si de relación de fuerza hablamos, ENEL ha terminado de construir la hidroeléctrica, y por lo tanto, las comunidades ya no tienen como medio de presión el bloqueo de la carretera. Para el transporte de personal, ENEL puede usar una carretera que atraviesa la finca San Francisco y desemboca en Uspantán. Además, el nuevo alcalde de Cotzal, Baltazar Cruz, pidió y obtuvo que se instalara un destacamento militar en Cotzal, que está situado a escasos minutos de San Felipe Chenlá.
La nueva administración de Cotzal, del Partido Patriota, que ha sido electa con una cómoda mayoría, ha tomado las riendas. Y esta no tiene especial simpatía por las alcaldías indígenas, como lo explica el vicealcalde, Domingo Córdoba. Este nuevo concejo municipal quiere retomar bajo su ala las negociaciones con ENEL. El vicealcalde afirma que están preparando un proyecto “bien hecho, bien planchadito”, para entablar discusiones con ENEL. A la pregunta de si quieren dejar fuera a las comunidades indígenas de la negociación, la respuesta es ambigua: “Al momento de tener nuestro paquete de propuestas, vamos a juntarnos con todos los alcaldes auxiliares, los COCODES y con los grupos que realmente vienen a fortalecer, y entonces, se hará un solo bloque de negociación.” Pero anteriormente, dejó claro que en su opinión, las alcaldías indígenas venían a dividir.
Gustavo Porras considera muy positivo que la municipalidad de Cotzal participe en las negociaciones. En cambio, no opina, ni mucho menos, que haya que marginar a las autoridades ancestrales. “Si hay buena voluntad, yo te puedo asegurar que se puede llegar a un acuerdo muy provechoso para San Juan Cotzal entero, no simplemente las comunidades del área de impacto.”
Para Álvaro Ramazzini, “el Estado debe reconocer jurídicamente a las autoridades ancestrales.” Sin esto, no pueden negociar del tú a tú con las municipalidades, las empresas privadas o el Estado central.
Buena parte de la solución vendría de una toma de conciencia por parte del gobierno de Guatemala. El Obispo de Huehuetenango, muchas veces presentado, calumniosamente, como un extremista que odia a las empresas privadas, concluye: “necesitamos inversión extranjera, pero el Estado tiene que revisar sus pactos y convenios con las empresas transnacionales que se instalan en territorios indígenas, y tomar muy en serio las reivindicaciones. Pero para eso hay que hacer reformas profundas al sistema legal, porque una de las excusas que ponen siempre, es que la ley lo impide. Pero si la ley lo impide, y vemos que esto no funciona, entonces cambiemos la ley, porque esto no puede seguir así. La conflictividad va en aumento, y la ingobernabilidad la fomenta el propio Estado al ignorar esas reivindicaciones.”
Sin anticipar sobre los resultados de las próximas negociaciones entre ENEL y las comunidades, cabe preguntarse si este tipo de diálogo puede multiplicarse para ser una solución sostenible a los conflictos rurales en todo el país. Pues mientras una empresa pueda, cumpliendo con la ley a cabalidad, manipular los ríos, no consultar a la población local, ni aportarle contribuciones que no sean voluntarias, otros casos como el de Santa Cruz Barillas serán una posibilidad. Una legislación sobre los impuestos nacionales y locales que deban hacer industrias extractivas e industrias verdes, así como la reglamentación del convenio 169 de la OIT podrían ayudar a destrabar el debate nacional sobre el modelo de desarrollo del país.
Nota del editor: Un error en la redacción de esta nota hizo que los concejos municipales aparecieran como "consejos". Gracias al lector que detectó esta falla.
